Tegucigalpa, Honduras.- El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, confirmó ante medios de comunicación que no hay -de momento- un requerimiento fiscal contra la diputada Isis Cuellar por malversación de fondos en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Zelaya aseguró que Cuellar, parlamentaria de Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Copán, no se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público (MP).
Según explicó el fiscal general, "para presentar un requerimiento fiscal tampoco es que es obligación escuchar a alguien".
Al mismo tiempo, afirmó que nadie tendrá privilegios y que el caso de Sedesol lleva dos meses en investigación, por lo que actualmente los peritos están analizando la información obtenida.
"Absolutamente, nadie en este Ministerio Público va a estar arropado por un manto de impunidad. Los casos que se presentan lo hacemos de manera objetiva", afirmó Zelaya.
De igual forma, mencionó que hay varias líneas de investigación y que se han escuchado a varias personas involucradas en el caso, así como los trabajos de campo.
Las declaraciones de Zelaya se dan después de que el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, confirmara que se pospuso su audiencia en la fiscalía.
"Seguimos atentos y brindando al MP toda información que pidan, como lo hicimos ante el Tribunal Superior de Cuentas, en el marco de la ley y nuestros derechos. Confío en que se seguirá respetando el debido proceso y se esclarezca este asunto", manifestó Cardona en sus redes sociales.
Informe del TSC
El titular del Ministerio Público se refirió al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el que se confirmó que hubo un esquema de asignación irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria.
Según el documento -Informe Especial No. 001-2025-DDISP-SEDESOL-A - ayudas sociales y proyectos de infraestructura realizados en el departamento de Copán entre el 3 de julio de 2023 y el 20 de febrero de 2025 fueron indebidos e incurren en una acción penal.
Además, Isis Cuéllar benefició a personas vinculadas a la política, parientes o familiares, tal como denunció este equipo de trabajo el pasado 24 de junio de 2025. Muchas de estas personas eran las que gestionaban las ayudas para terceros, sin embargo, no les entregan el efectivo completo o solo los engañaban.
Sobre este tema, Zelaya criticó el informe y aseguró que es superfluo porque no es información vinculante.
"El informe del TSC es superfluo, porque no tiene acceso a la unidad de inteligencia financiera, no hacen el peritaje financiero, ellos hacen un análisis administrativo", mencionó.
"Los informes que mandan son ilustrativos, no son vinculantes. Así como el tribunal puede decir que no hay delito, a nosotros no nos interesa, al Ministerio Público. Y si para el Ministerio Público hay delito, entonces se va a actuar", afirmó.
