De poco habría servido el tiempo invertido por el relator especial de la ONU, Frank la Rue, sobre el peligro de regular contenidos en los medios de comunicación.
Aunque La Rue fue claro al afirmar que en los países democráticos se promueve la autorregulación y las limitaciones a la libertad de expresión solo son vinculantes con temas de derechos humanos, ya consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Congreso Nacional, los diputados al parecer no pusieron atención o se dejaron llevar por afanes dictatoriales propios de regímenes totalitarios.
La comisión que nombró el Congreso Nacional, con el fin de preparar el dictamen sobre el proyecto de reforma a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (previa socialización), sorprendió al presentar un informe que, inclusive, propone crear una Ley de Libertad de Prensa, donde se regulen contenidos y se establezcan camisas de fuerza e imposiciones a los medios de comunicación.
Tales determinaciones son una flagrante violación a la libertad de prensa, de expresión y pensamiento, en opinión de varios expertos consultados por EL HERALDO.
La comisión propuso que el proyecto del Ejecutivo sea analizado en base a cuatro normas legales: Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, Ley de Libertad de Prensa y Emisión del Pensamiento (creación de nueva ley), la Ley Antimonopolio y Ley de Contratación del Estado y la Ley de Asociación Público Privada.
En el informe se detalla que la Ley de Libertad de Prensa y Emisión del Pensamiento debe contener al menos unos ocho puntos, entre los que se destaca que debe ser una “normativa para que los medios de comunicación presenten balance noticioso sobre información relativa a personas naturales o jurídicas”, así como para definir “parámetros éticos sobre los cuales debe ofrecerse la información”.
Régimen totalitario
German Leitzelar, diputado por el Pinu, considera que “estamos frente a un dictamen de una ley propia de un régimen totalitario”.
Agregó que “solamente lo escuché, no hemos tenido acceso al mismo, pero de lo que vimos así en forma muy general, más que un informe es un dictamen sobre el proyecto de ley, no hay una valoración de cuál fue la participación de los ciudadanos, qué plantearon los ciudadanos, cuál es la preocupación y este es un tema sumamente delicado”.
Según Leitzelar, “el proyecto tiene muchas incidencias de carácter constitucional y fundamentalmente se corre el riesgo de violentar derechos y garantías y declaraciones de convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como convenios sobre derechos económicos, políticos y sociales y otra serie de aspectos que son sumamente delicados pues está en juego el derecho de opinión y la libertad de prensa”.
“Ante esos planteamientos la posición de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) y como presidente de la organización, es que vamos a defender la libertad de expresión y prensa en Honduras”, dijo Carlos Rubén Ortiz.
Llamado
“Hacemos un llamado a los diputados que están comprometidos con el pueblo, a que no aprueben una ley que vulnere y violente derechos que están establecidos en la Constitución de la República y en convenios internacionales”, enfatizó Ortiz.
Por su parte, Juan Ramón Mairena, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), se manifestó en contra de leyes que “atentan contra la libertad que tienen los periodistas de dar a conocer contenidos de noticias a través de los diferentes medios de comunicación”.
“El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Frank la Rue, fue claro al afirmar que no se debe reformar la ley para afectar contenidos y eso es lo que debe prevalecer en la ley y con ello evitar que se violenten los derechos”, explicó Mairena.
