La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, considera que “el mandato de todo relator especial goza de independencia”, ya que la institución que ella dirige solamente “facilitó” el desarrollo de la agenda de Frank la Rue.
“Los puntos y las nuevas recomendaciones dadas por el señor La Rue
son muy valiosas, porque están enmarcadas en los estándares internacionales en materia de derechos humanos y complementan y mejoran la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones presentada ante el Congreso Nacional”, enfatizó.
“El relator no vino al país a aprobar o improbar los términos en que está concebido el anteproyecto, ya que, esa es una responsabilidad del Congreso Nacional durante el proceso de discusión y aprobación de la propuesta de reforma”, dijo Pineda.
“Existe voluntad desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de asumir las recomendaciones del relator e incorporarlas en el documento de reformas para presentarlas ante la Comisión de Socialización del Congreso y ante la Comisión dictaminadora, una vez que sea nombrada, para lograr que las mismas sean tomadas en cuenta”.
“Confiamos que los diputados las atenderán, ya que la libertad de expresión es un valor fundamental de un Estado de derecho, es una norma fundamental para el ejercicio de la democracia y todos estamos obligados a fortalecer y tutelar la libertad de expresión”, admitió la funcionaria, principal impulsora de la denominada “ley mordaza”.
