Las recomendaciones dadas a conocer por el relator especial de opinión y libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank la Rue, son claras y se deben tomar en consideración para hacer las reformas a la Ley de Telecomunicaciones.
El funcionario advirtió que la telecomunicación pública no debe estar vinculada al gobierno.
Según La Rue, en efecto las frecuencias deben otorgarse en cuatro categorías: comerciales, comunitarias, grupos étnicos y telecomunicación pública.
En este último campo, el relator advirtió que la telecomunicación pública no debe ser comunicación del gobierno, ni del gobierno nacional ni de los gobiernos locales, sino de los municipios.
La comunicación pública es del Estado, con recursos del Estado, recursos públicos, pero es para servicios públicos, no controlados por quienes detentan el poder político, sino más bien con una junta directiva independiente, indicó.
Asimismo, advirtió que la comunicación pública no debe estar en servicio de ningún gobierno, ni mucho menos de un partido político, porque además, los gobiernos cambian y la idea es que la comunicación tenga una calidad en la línea editorial, una función de servicio permanente como parte del Estado.
En cuanto a la programación y horarios de programas en medios de comunicación, La Rue recomienda que “debe crearse una comisión multisectorial en la que no debería de participar, por supuesto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ya que solo es un ente regulador de frecuencias y solo regula el uso, el horario y las frecuencias y no debería participar el Estado en general”.
Dicha comisión debe estar integrada por padres de familias, iglesias, educadores, universidades y colegio de psicólogos, donde pueda haber una conformación que permita establecer cuáles son los contenidos de un programa, que efectivamente no sean de carácter violento para la niñez.
“Mi recomendación es que no se toquen contenidos en esta ley y que además, ese tema se maneje con mucho cuidado porque ese es, en cualquier país del mundo, no solo en Honduras, el tema más complicado, porque hay siempre la tentación a la hora de legislar que cada quien quiere imponer su opinión”, dijo La Rue.
“Yo insisto que en contenido solo son aceptables las limitaciones establecidas en las normas de derechos humanos, para proteger derechos humanos, no son aceptables las limitaciones que se dividen de opiniones políticas, de críticas de denuncias a la corrupción o de búsqueda de la transparencia ni mucho menos a las competencias políticas de cualquier tipo”, enfatizó el relator.
Ha sido muy positivo
Héctor Espinal, oficial de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es del criterio que la visita de La Rue ha sido muy positiva porque “le ha dejado un plus al país” y una línea “sobre la cual debe caminar sobre todo el gobierno, el Congreso Nacional, sector de medios de comunicación y sociedad civil”.
Las recomendaciones son oportunas ya que nos ha aclarado “porque estábamos confundidos”, dijo Espinal.
Uno de los problemas es que el anteproyecto (de Porfirio Lobo Sosa) en discusión incorpora algo que está relacionado a frecuencias y a contenidos, prosiguió Espinal.
“El Estado no debe involucrarse en la libertad que tienen los medios de comunicación y las personas de opinar libremente como quieran”, explicó.
Por su parte, Javier Elías Chahín, presidente de la Asociación de Radiodifusores Independientes de Honduras, considera que “las recomendaciones de La Rue coinciden con lo que los dueños de medios han planteado, ya que Conatel es una institución que debe regir las comunicaciones desde el punto de vista eminentemente técnico y olvidarse de los contenidos”.
“Conatel debe de modernizarse porque hay nuevas tecnologías que no están de acuerdo con la legislación de la institución”, dijo.
“Esperamos que los diputados tomen en cuenta las recomendaciones de La Rue y que escojan el camino que hemos venido sugiriendo desde hace mucho tiempo, que es respetar la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y el derecho que tienen todos los ciudadanos de poderse expresar en cualquier medio de comunicación, eso es lo que queremos en este país”, enfatizó Chahín.
+ Regulación de contenidos no debe estar en Ley de Telecomunicaciones
