La investigación está aplazada en Honduras.
De diez hechos que se denuncian o que son constitutivos de delitos, apenas dos son completamente investigados y traducidos en acusaciones ante los tribunales de justicia.
EL HERALDO tuvo acceso a un informe del Ministerio Público (MP) que deja al descubierto los pobres resultados de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Seguridad.
En el mismo se señala que en los dos últimos años, la DNIC obtiene una calificación de 21 por ciento.
Según el informe, en el año 2010 el MP recibió un total de 66,341 denuncias, de estas remitió a la DNIC 56,089 para investigación. La diferencia entre ambos valores refiere a que 10,252 no fueron admitidas por distintas razones, como configurar que el hecho denunciado se enmarca en una responsabilidad administrativa o civil, no penal.
De las 56,089 denuncias remitidas, la DNIC solo devolvió al MP 12,154 casos investigados, lo que en términos porcentuales representa una calificación del 21.66 por ciento.
El MP conoció 15,733 casos, de estos interpuso 9,359 requerimientos fiscales y archivó 6,374 casos aplicando criterios de oportunidad y por considerar que no son constitutivos de delitos o que solo corresponde aplicar una falta como sanción.
Año pasado
En el 2011, los resultados son similares. El MP recibió un total de 72,228 denuncias, de estas remitió a la DNIC 53,434 expedientes para investigación.
Sin embargo, el ente policial solo completó 12,499 investigaciones, lo que representa el 21.5 por ciento de calificación.
Por el contrario, el MP atendió 16,783 casos, logrando interponer 9,854 requerimientos fiscales y aplicó 6,929 criterios de oportunidad y otros archivos por no observarse delitos, solo faltas.
La tendencia en este año es similar, por lo que el panorama es incierto en remover la impunidad en la comisión de delitos, entre ellos los crímenes selectivos considerados de alto impacto.
Las acusaciones se interponen a autores materiales, por lo que persiste la impunidad contra los intelectuales.
De acuerdo con el mandato de la ley, al MP le corresponde la función de coordinar la investigación de hechos constitutivos de delitos y a la Policía Nacional ejecutar dichas diligencias.
Sin embargo, el MP no recibe el suficiente apoyo para remover la impunidad, prueba de ello es que hasta ayer los fiscales aún no reciben el salario por falta de presupuesto.
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Defensa
En Seguridad ven con duda las cifras que maneja el MP.
“Ellos tienen sus estadísticas, pero ellos tienen problemas con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y si ellos dirigen la investigación que más podemos hacer por ellos. Hay que ver que si el problema es el procedimiento, hay que subsanarlo”, expresó el vocero de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Héctor Iván Mejía, quien recordó que los fiscales dirigen las investigaciones.
“Es probable que los fiscales sientan la necesidad de tener una Policía de Investigación y si es una necesidad, hay una ley aprobada y talvez teniendo una Policía de Investigación es probable que se puedan aumentar esos niveles de excelencia en las investigaciones”, reconoció Mejía.
Sin embargo, aseveró: “Que yo sepa, cuando tuvieron ellos la investigación, fue un colapso y por eso la quitaron”.
Con esta declaración se refleja la falta de coordinación que existe entre policías y fiscales.
Sin embargo, reconoció que no todo fue malo, que no hay que estigmatizar.
Afirmó que no es la solución que el MP cuente con su propia Policía de Investigación, contrario a lo que opinan muchos sectores.
Volver al MP
A finales del anterior gobierno se emitió el decreto 287-2009, que dio vida a la Dirección Técnica de Investigación Criminal (DTIC), adscrita al MP.
Sin embargo, el 25 de febrero de 2010, las autoridades del MP recibieron con asombro la decisión de los diputados del Congreso Nacional (CN) de derogar dicho decreto 287-2009.
El pecado fue haber incluido esta ley en la doble edición del diario oficial La Gaceta, que presentó irregularidades en la publicación de un contrato para el mantenimiento de la represa de Nacaome.
En ese año se nombraron comisiones y las promesas no faltaron para reactivar la DTIC, sin embargo, no se concretó nada. Ahora algunos sectores coinciden en que la Policía de Investigación debe volver al MP, dado los deficientes resultados en Seguridad.
Para el caso, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) es del criterio que el MP debe tener su propia policía investigativa.
Matías Fúnez, miembro de dicha Comisión, afirmó que “fue un grave error” del Congreso Nacional (CN) dejar al MP sin su propio cuerpo investigativo, por lo que instó legislar para subsanarlo.
El MP recibió con satisfacción el punto de vista de la CRSP.
“De todos es sabido que el MP tiene que tener una Policía de Investigación”, manifestó a EL HERALDO el fiscal adjunto, Roy Urtecho. Lo importante es que se adopte una decisión, sea esta u otra que permita obtener mejores resultados.
“Puede ser que se crea una Policía de Investigación independiente, muy bien, pero que el MP debe de tener su propia policía es urgente”, expresó el adjunto y también presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho. No solo basta que el MP tenga su propia policía, sino que requerirá de un mayor presupuesto.
Para este año, al ente acusador se le asignó un presupuesto de 800 millones de lempiras.
Curiosamente, solo en salarios a maestros políticos con goce de sueldo, el Estado eroga anualmente más de 1,800 millones de lempiras.
Tener su propia Policía de Investigación representará que se incremente a 2,000 millones de lempiras. La fiscal especial de la Mujer, Grissel Amaya, fue tajante en demandar proceder contra oficiales encargados de la investigación criminal por inoperantes.
“En la Policía hay inoperancia. En el Ministerio Público y la Fiscalía de la Mujer estamos preocupados por lo que está sucediendo”, expresó Amaya.
“Preocupa el hecho por la ineptitud en la investigación, esto ha generado una cultura de impunidad. Pedimos al Presidente (Porfirio Lobo) que se solucione esta problemática”, instó la fiscal.
A su juicio, una respuesta inmediata a esta petición generaría cambios positivos en el combate a la criminalidad.
Recientemente el presidente Porfirio Lobo invitó a miembros del Consejo de Seguridad y Defensa para que presenten propuestas sobre el futuro de la Policía de Investigación. Una de ellas ya está definida, la del Poder Judicial. “Considero que la investigación debe tener un ente responsable y sí estaría de acuerdo en que fuera el Ministerio Público”, indicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés. Sin embargo, dijo que no debe tener una exclusividad de la investigación.
“Considero que debe ser el Ministerio Público la institución responsable de manera concluyente, pero con auxilio siempre del Ministerio de Seguridad”, expresó. Es decir, los miembros de Seguridad y de la Fiscalía harían la investigación correspondiente de un hecho constitutivo de delito, pero bajo la responsabilidad y dirección de un solo ente adscrito al MP. Esta posición de Rivera Avilés, de mayor aceptación, se expondrá ante el Consejo de Seguridad y Defensa.
ONU pide a Honduras enjuiciar a asesinos
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, hizo un llamado a Honduras a tomar medidas urgentes y agresivas contra la “inseguridad crónica” por crímenes contra abogados y periodistas.
“Lamentablemente, estos deplorables asesinatos están lejos de casos aislados,” dijo Pillay en el comunicado.
“Hay un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras y los derechos humanos, los defensores, han sido blancos de amenazas, hostigamiento físico, asalto y asesinato”, expresó. Sus comentarios surgen por el asesinato de dos abogados en apenas tres días, el de Antonio Trejo y Eduardo Díaz.
“Pido al Gobierno (de Honduras) que no escatimen esfuerzos en sus investigaciones sobre los homicidios del señor Trejo Cabrera y del señor Díaz Mazariegos y asegurar que los ataques o amenazas contra otros defensores de los derechos humanos se tomen en serio y realice rápidamente una investigación”, dijo Pillay.
“Es esencial que las personas que cometen estos crímenes sean llevadas ante la justicia.
De no hacerlo así solo exacerbará lo que ya es una situación terrible”, concluyó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
