Tegucigalpa, Honduras.- El tablero político en el Congreso Nacional se mueve con cautela frente a la posibilidad de activar nuevos procesos de destitución contra altos funcionarios del Estado.
La junta directiva ha dejado claro que, aunque existen solicitudes para sentar en el banquillo a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el trámite formal solo se iniciará cuando se garantice la mayoría calificada de 86 votos, evitando así que las iniciativas sean "engavetadas" hasta la próxima legislatura por falta de apoyo.
Esta estrategia busca asegurar que el control constitucional que ejerce el Poder Legislativo no se convierta en un esfuerzo fallido.
Bajo la actual administración, se pretende que cada juicio político cuente con el respaldo necesario para evacuar las pruebas y respetar el debido proceso, alejándose de la narrativa de una persecución política y enfocándose en la rendición de cuentas por las actuaciones de los funcionarios en el pasado proceso electoral.
"Hemos hablado con los compañeros diputados que estas solicitudes en el trámite con base en la misma Constitución y la Ley Especial de Juicio Político que se presenten una vez que tengamos ya garantizado y asegurado los 86 votos", manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
El titular del Legislativo recordó que esta figura jurídica, aunque data de 2013, ha tenido una aplicación histórica reciente con la destitución del exfiscal general y la renuncia de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Para Zambrano, el éxito de estas medidas depende exclusivamente de un diálogo permanente entre las cinco bancadas, ya que ninguna decisión de esta magnitud puede tomarse de manera unilateral sin el consenso de las fuerzas opositoras.
La responsabilidad de no quemar los cartuchos legislativos antes de tiempo recae en el análisis numérico.
Si un juicio político se somete al pleno y no alcanza la votación requerida, la ley prohíbe que el tema vuelva a tocarse en el mismo año, lo que otorgaría un "blindaje" temporal a los señalados hasta el 2027. Por ello, el bloque mayoritario prefiere esperar a que las negociaciones maduren.
"Mientras no tengamos los votos no se van a tramitar y eso lo dije antes del juicio político anterior", advirtió Zambrano.
Actualmente, el Partido Nacional asegura tener listos sus 49 votos en unanimidad para proceder contra quienes, a su criterio, atentaron contra el orden democrático.
No obstante, el camino hacia los 86 votos depende de lo que decidan las facciones internas de otros partidos, especialmente dentro del Partido Liberal, donde las posturas han comenzado a radicalizarse en torno a quiénes deberían ser los sujetos del juicio.
Más funcionarios
Desde la bancada liberal, la postura es que el juicio político no debe ser selectivo ni utilizarse como una herramienta de venganza dirigida a una sola figura.
El enfoque de este sector apunta a que la responsabilidad por el "desastre" de las elecciones pasadas es compartida y que, por ende, el proceso debe abarcar a todos los magistrados y consejeros que participaron en las decisiones cuestionadas.
"Se debe hacer juicio político a todos los que todos cometieron errores y por lo tanto no estamos dispuestos a que solo sea una persona", señaló el diputado liberal, Carlos Umaña.
El malestar de un grupo de más de diez diputados liberales, afines a Salvador Nasralla, radica en las actuaciones de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Según este bloque, las funcionarias cometieron errores graves al eliminar partidos políticos pequeños sin derecho a la defensa y al realizar una declaratoria presidencial sin haber procesado la totalidad de las actas, lo que habría afectado el resultado final de los comicios.
Para estos parlamentarios, el juicio político es un arma especial de la democracia que debe ser utilizada con objetividad para sentar precedentes sobre la transparencia electoral.
Sostienen que el desorden administrativo y la negativa a revisar actas impugnadas son motivos suficientes para que toda la plana mayor de los entes electorales rinda cuentas ante el soberano.
