Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de nuevas denuncias de juicio político en el Congreso Nacional ha generado nerviosismo entre varios funcionarios, quienes, según parlamentarios, han iniciado gestiones para abandonar el país o solicitar asilo político en naciones con gobiernos afines a la administración anterior.
El objetivo de estas acciones, según legisladores, es evitar los efectos del procedimiento, que además de la destitución, conlleva la investigación obligatoria por parte del Ministerio Público.
“Es un tema muy sensible, el anunciar específicamente la persona que se le puede aplicar un procedimiento de juicio político mediante una denuncia, es riesgoso porque las personas se pueden dar a la fuga”, advirtió Francis Cabrera, diputado liberal.
El legislador explicó que el temor de los funcionarios no solo se relaciona con la pérdida de sus cargos, sino con la remisión de expedientes al Ministerio Público, que evaluará la posible comisión de delitos.
Según información recabada por el Congreso, algunos servidores públicos están contactando embajadas y consulados para tramitar asilo preventivo, alegando supuestas persecuciones políticas como argumento para evadir la justicia ordinaria.
La cámara legislativa enfatizó que los procesos de juicio político deben desarrollarse de manera objetiva, garantizando que sea el pleno quien determine la responsabilidad de cada funcionario.
“Tenemos ya conocimiento de que algunas personas que creen que se va a practicar una denuncia de juicio político han pretendido salir del país, algunos han pretendido pedir asilo”, reveló Cabrera.
Esta estrategia de evasión busca neutralizar los efectos de un procedimiento que, además de la destitución, conlleva una investigación penal obligatoria ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Sin embargo, el movimiento migratorio sospechoso de ciertos personajes vinculados a instituciones sugiere que la resistencia al escrutinio legal será la tónica en las próximas semanas.
El procedimiento de juicio político en Honduras es una prerrogativa constitucional que permite a cualquier diputado presentar una denuncia contra funcionarios electos por el Congreso Nacional.
El proceso evalúa no solo la comisión de delitos, sino también la inoperancia administrativa y las faltas graves a los principios democráticos, elementos que habrían sido recurrentes en el periodo gubernamental anterior.
Para los impulsores de estas iniciativas, es fundamental que el juicio político sirva como un mecanismo de saneamiento institucional. La meta es sentar un precedente para que los hechos de corrupción y abuso de poder documentados en el pasado reciente no queden en la impunidad bajo el amparo de fronteras amigas o acuerdos bajo la mesa.
"A raíz de un procedimiento de juicio político, nace también una investigación obligatoria para el Ministerio Público para que determine estas personas han cometido delitos o no", explicó el diputado.
