Tegucigalpa, Honduras.- “Son cuatro denuncias de juicio político contra cuatro funcionarios”, aseguró Johana Bermúdez, vicepresidenta del Congreso Nacional (CN), al ser consultada sobre cuántos y quiénes serían llamados al “banquillo de los acusados” en este delicado tema político.
Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal, sostuvo la misma versión al manifestar que “sí, para cuatro funcionarios. Hasta el momento sólo hay uno que ya cuenta con todos los votos para poderse realizar”, antes de que se admitiera y se diera trámite a la denuncia de juicio político contra el fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez.
Aunque extraoficialmente se ha mencionado que los otros dos funcionarios serían Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), nadie ha querido precisar quién sería el cuarto alto funcionario del Estado que sería llevado al Congreso para enfrentar un juicio político.
La expectativa ha crecido en torno a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, cuyo nombre ha sido mencionado en reiteradas ocasiones, aunque ningún diputado se ha atrevido a confirmarlo, como sí ha ocurrido con los demás.
Procedimiento
Tras admitirse la denuncia de juicio político presentada por el diputado Jorge Cálix ante el pleno del Congreso, con el voto favorable de 93 diputados, ese mismo órgano nombró una comisión especial para conocer la denuncia e iniciar el proceso de juicio político.
Ayer, esta comisión citó al fiscal general a las 2:00 de la tarde en el Salón de Retratos del Congreso, para que comparezca ante los nueve diputados que la integran, con el fin de notificarle formalmente sobre la denuncia y escuchar sus argumentos.
Luego, la comisión elaborará un informe sobre lo manifestado por Johel Zelaya Álvarez y, posteriormente, se dará la oportunidad de que el fiscal suspendido comparezca ante el pleno del Congreso.
Él tendrá un espacio de hasta cuatro horas para presentar sus alegatos y sustentar su posición en relación con la denuncia de juicio político presentada en su contra.
En ese momento, cualquiera de los 128 diputados podrá hacerle las preguntas que considere pertinentes a Johel Zelaya. Tras esa participación, la comisión especial elaborará un informe que deberá ser conocido nuevamente por el pleno del Congreso y sometido a votación, para decidir, con el respaldo de 86 diputados, si debe ser destituido o no.
No se descarta que Johel Zelaya pueda enfrentar cargos penales al culminar el proceso de juicio político en el Congreso, en caso de ser hallado responsable de acciones reñidas con la ley.
La diputada Saraí Espinal confirmó que ya están las denuncias contra Ochoa y Morazán, pero que para ellos todavía no estaban los votos necesarios para aplicarles un juicio político.
