¿Cómo funciona el juicio político y por qué requiere de 86 votos en el Congreso?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se encuentra a las puertas de aplicar un mecanismo contemplado en la Constitución de la República, mediante un procedimiento que podría marcar el rumbo del país y, al mismo tiempo, sentar un precedente para aquellos funcionarios que no cumplan con sus obligaciones o que pongan en riesgo la democracia y estabilidad del país.

Se trata del juicio político, que surgió en 2012 como una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación luego de investigar la crisis política del 2009 cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fue derrocado por intentar montar ilegalmente una consulta popular.

De acuerdo con el artículo 234 constitucional "procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional”.

Este procedimiento se aplica cuando en contra, de los funcionarios antes mencionados, existe denuncia grave en el desempeño en su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

Hasta la fecha no existe antecedentes de juicios políticos aplicados formalmente en la historia de Honduras. Aunque en el Congreso anterior se solicitó utilizar esta figura contra los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé por haber sido mencionados en la Lista Engel en 2022, la petición no prosperó al no alcanzar los 86 votos requeridos.

Y es que más allá de las motivaciones políticas de este proceso, se requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos favorables en el Congreso Nacional, para garantizar que la destitución de un alto funcionario no sea un acto partidista, sino una decisión con un amplio consenso democrático.

El escenario cambia cuando se busca aplicar la referida figura legal al presidente de la República, siendo requerido el respaldo de las tres cuartas partes de los congresistas, en específico 96 votos, también denominada mayoría absoluta.

El juicio político debe verse como un mecanismo de protección de los intereses y de la democracia del país, y no solamente como un medio de castigado para lo que abusan del poder, expuso el abogado y analista Lester Ramírez.

En los últimos meses, diversos sectores de la sociedad vienen demandando aplicar este mecanismo al fiscal general Johel Zelaya; a Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE); Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y a Mario Morazán, integrante del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes como simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y como funcionarios públicos atentaron contra el proceso electoral primario y general del 2025.

Ramírez cree que el juicio político debe tener una función mucho más estratégica, porque si solamente se enfoca en castigar y no en asegurar que las malas conductas no se repitan, entonces esa legislación no tendrá un resultado positivo.

“Si solamente es para castigar a los abusadores, lo que va a generar en el país es un debate interminable de que hay una cacería de brujas, que esto es un revanchismo, por lo que es necesario adoptar un mecanismo donde se tenga claro que no solamente es destitución y ya”, dijo.

Para Ramírez en el juicio político, los congresistas además de sancionar deben tener la capacidad de identificar aquellos sectores que se necesitan fortalecer, en este caso “el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Ministerio Público, donde funcionarios de estas instituciones abusaron de la ley y de la confianza que la Constitución y el Congreso les otorgó”, exigió el analista.

Ramírez es del criterio que en este momento no se puede decir mucho sobre el juicio político porque todavía no hay un precedente, “es algo que se está buscando desarrollar, lo que puede suceder es que terminemos como Perú donde se abusa de este mecanismo. Se necesita una visión de estadista para ver el juicio político como un mecanismo para fortalecer la democracia”, añadió.

Lo que si se está claro es esta figura es una acción política, no judicial, “pero tengo mis reservas en el propósito final, si realmente se busca proteger los intereses del país y la democracia o solo se pretende castigar, si es así, no va a tener los resultados que esperamos”.

El analista cree que, por lo que se debate públicamente, el juicio político en este momento se está usando como una medida de presión, de negociación y de arreglos para que el Ministerio Público se alinee con los intereses del gobierno. Por ahí que detrás de todo se esté vendiendo una ilusión al pueblo”, criticó.

Recordó que, en este momento, la administración gubernamental lo que busca es estabilidad y un juicio político así como es la conducta de los diputados, “va a generar una distorsión, se puede usar como distracción y al final más bien debilite, al gobierno”.

En los últimos días, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han exigido a Legislativo que se someta a juicio político a Zelaya, Ocho, Morazán e incluso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, por sus posiciones antidemocráticas y por haber puesto en peligro la gobernabilidad del país en el reciente proceso electoral.

La periodista Dina Meza, directora de Asopodehu, sostuvo estos funcionarios atentaron contra la democracia, violentando la institucionalidad del país.

"Si se deja eso en la impunidad la situación, tarde o temprano se volverá a repetir", proyectó, recordando también que la Constitución establece que quienes impulsen o toleren esos abusos también tendrán consecuencias legales.

Meza ve con sospecha que en el Legislativo se le esté dando largas al juicio político contra los funcionarios que atentaron contra el sistema democrático y la estabilidad del país. “Como que lo que quieren es que se enfríe el tema para no abordarlo, eso da una sensación como de acuerdos políticos bajo la mesa que están sobrepasando la institucionalidad y la Constitución de la República”, criticó.

Esta defensora no confía en los políticos “porque se tapan entre si. Me imagino que hay negociaciones donde se están cruzando intereses personales o de partido para no promover el juicio político porque es una situación que si se llega a ejecutar va a impactar va a sentar un precedente para que no se repitan los hechos, por los que casi perdemos el país”, analizó.

Ella espera que la figura del juicio político no se utilice como "moneda de cambio" porque eso distorsionaría el espíritu de ese instrumento que busca el respeto y la consolidación del sistema republicano.

Como defensores de la democracia solo se está pidiendo el derecho a la verdad, que se respete la institucionalidad y la democracia y que además quede de referencia para “esos funcionarios abusivos. Mire a Johel, ahí sigue con sus cosas y su justicia selectiva porque no ha tenido una consecuencia”, ejemplificó Meza.