Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) señalaron este miércoles 4 de marzo que las dilatorias en la aplicación de juicios políticos contra funcionarios públicos señalados por vulnerar el Estado de Derecho están generando condiciones que favorecen la impunidad en Honduras.
En el comunicado, las organizaciones sostienen que el juicio político “no es una opción discrecional ni un instrumento de revancha política”, sino una obligación constitucional derivada del principio de responsabilidad de los servidores públicos establecido en la Constitución de la República de Honduras. Indicaron que este mecanismo debe aplicarse cuando existan acciones u omisiones que afecten el orden democrático.
ASOPODEHU y JOPRODEH recordaron que el pasado 24 de febrero ya habían expuesto argumentos jurídicos sobre la procedencia de juicios políticos contra funcionarios que, según afirman, conspiraron contra el proceso electoral de 2025 y actuaron en contra de los intereses del Estado. A su criterio, estas actuaciones vulneraron el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.
Las organizaciones señalaron que la Constitución reconoce la soberanía popular como fundamento del sistema democrático, por lo que advirtieron que “atentar contra la transparencia y legalidad del proceso electoral constituye una afectación directa al principio democrático”, lo cual activa responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales.
Asimismo, manifestaron preocupación por el retraso en la toma de decisiones relacionadas con posibles juicios políticos contra funcionarios como el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; el fiscal general, Johel Zelaya; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando.
El documento también menciona la falta de judicialización de casos vinculados a exfuncionarios como Xiomara Castro y Luis Redondo, situación que, según las organizaciones, ha permitido que por “cálculos y lobby político se abra espacio a narrativas de victimización y manipulación mediática”.
Las organizaciones rechazaron que las demoras respondan a acuerdos políticos que puedan vulnerar el derecho del pueblo hondureño a la verdad y a la justicia, señalando que la Constitución no ampara actos de impunidad y que “la demora injustificada fomenta la impunidad y envía un mensaje peligroso de que el poder puede situarse por encima de la ley”.
ASOPODEHU y JOPRODEH instaron a la clase política a colocar el interés superior del país por encima de cualquier cálculo partidario y advirtieron que el precedente que se establezca actualmente tendrá impacto en el futuro democrático de Honduras, reiterando que “la democracia hondureña no puede sostenerse sobre silencios estratégicos ni dilaciones indefinidas”.
