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Tegucigalpa, Honduras.- Los traslados arbitrarios, el hacinamiento de los centros penitenciarios y las condiciones inhumanas de reclusión que enfrentan las personas privadas de libertad en el país constituyen graves violaciones a los derechos humanos, señaló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, Guadalupe Silva, expresó su preocupación por el alto porcentaje de hacinamiento que registran los centros penales en el país.
De acuerdo a la entidad, hay hacinamiento en el 80% de los centros penitenciarios, de los cuales los que tienen mayor índice son el centro penal de Puerto Lempira, que registra un porcentaje de aglomeración de 230%; le sigue Danlí que reportó un 221% respecto a su capacidad.
Por su parte, el centro de El Porvenir, Atlántida con más de 800 privados de libertad reportó registró al menos 160% más de su capacidad; el de Olanchito por su parte registró una aglomeración de 159%; mientras La Esperanza tiene 87%; el de Trujillo 64%; el de La Paz 109%.
La institución defensora de derechos humanos señaló que el Estado no puede seguir admitiendo internos en esos espacios, ya que al hacerlo los expone deliberadamente a una situación que vulnera sus derechos fundamentales.
Si bien, el “Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios” sería una herramienta que podría contribuir a reducir el hacinamiento, lo cierto es que aún y cuando esta ha sido implementada, dicha medida no ha podido remediar, por sí misma, la problemática del hacinamiento, cuestiona el Conadeh.
Durante el año pasado, el Conadeh atendió al menos 437 quejas en las que se mencionan distintas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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Seguridad
Las quejas están relacionadas con la falta de acceso a la justicia, al debido proceso legal, a la salud, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en instituciones penitenciarias.
A esas se suman quejas por retardo injustificado de resoluciones, fallos o sentencia, dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una petición, acciones u omisiones en casos de medidas disciplinarias o de aislamiento y amenazas a muerte contra los reclusos.
Las instituciones estatales más denunciadas por violentar los derechos de los privados de libertad figuran los centros penales, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.
Ante eso, Conadeh reiteró la responsabilidad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de actos.
