Tegucigalpa, Honduras.- Honduras figura entre los países con mayor riesgo de tortura, de acuerdo con el Índice Global de Tortura presentado este jueves por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
El documento, que representa el primer análisis diseñado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) para evaluar el riesgo de tortura y malos tratos en 26 países alrededor del mundo, evaluó a Honduras en siete indicadores.
El primero indicador que fue calificado con índice de riesgo considerable se refiere al "compromiso político" de las autoridades en reducir la tortura, el documento señala que Honduras ha demostrado una voluntad política limitada para el combate a la misma.
Además "preocupa a las organizaciones de sociedad civil la puesta en marcha de una política criminal altamente punitiva, como por ejemplo, el acuerdo No. CNDS-003/2024 del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad".
El acuerdo ordena construir dos centros penitenciarios de reclusión de emergencia en zonas remotas. Esa medida es contraria a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura en abril de 2024, indica.
En el pilar que se centra en "acabar con la brutalidad policial y la violencia institucional" Honduras fue calificado con riesgo alto, debido a que desde el 6 de diciembre de 2022 el territorio se encuentra bajo un régimen de estado de excepción, lo que ha posibilitado la violación a los derechos y libertades de la ciudadanía, revela.
Dichas políticas que más allá de acabar con la criminalidad en el país han abierto la puerta al abuso sistemático de poder y a la violencia institucional generalizada, manifiestan las organizaciones.
En el indicador denominado "prevención de la tortura durante la privación de la libertad", el informe considera que el país tiene un riesgo muy alto.
Temas como la militarización del sistema penitenciario preocupa a las autoridades; el Comité Contra la tortura se pronunció en contra de la toma de control del sistema penal por parte de la Policía Militar del Orden Público, quien a ha impuesto un régimen de control penitenciario que antepone las medidas de seguridad y el castigo corporal por encima del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El cuarto indicador es el "fin de la impunidad", lamentablemente el país fue calificado con riesgo muy alto. Organismos internacionales han manifestado su preocupación por las altas tasas de impunidad por el delito de tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes, el cual prevalece en el sistema judicial del país.
Desde el 2017 hasta el 2024 Honduras reportó que se iniciaron 529 investigaciones por denuncias de tortura, de las cuales 75 fueron judicializadas (32 por tortura y 43 por tratos crueles), pero de esas solo se han obtenido sentencia en 10 casos.
Otro de los indicadores que el país tiene el riesgo muy alto es en el de "derechos de las víctimas.
El documento refiere que no existe en la legislación nacional mecanismos específicos para brindar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, medios de reparación y rehabilitación más allá de los contemplados en casos de crímenes del pasado.
Respecto a la "protección para todos los grupos" Honduras tuvo una calificación de riesgo alto, debido a la violencia que enfrentan grupos vulnerables como las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, entre otros grupos minoritarios.
"Honduras aún no cuenta con una legislación que proteja a las mujeres contra la violencia en el ámbito público e institucional o alguna que proteja a las disidencias de género de sufrir ataques de odio", señala.
Agrega que ante la estrategia de militarización de la seguridad pública y la persecución de las pandillas por la regulación antimara son las y los adolescentes quienes frecuentemente son objeto de criminalización por parte de las fuerzas encargadas de hacer justicia.
Según datos de organizaciones de la sociedad civil, a 2024 existían 1,661 niños, niñas y adolescentes bajo sanción penal, de los cuales 126 se encuentran privados de libertad y 1,535 bajo otro tipo de medidas.
En el último pilar que establece el "derecho a defender los derechos humanos y el espacio cívico", el organización califica a Honduras con riesgo alto.
Señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en las Américas, y en el mundo, para la defensa de los derechos humanos.
"Quienes defienden los derechos humanos viven una situación de extremo riesgo debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas", dice.
En particular, resulta muy preocupante el número de asesinatos en contra de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró durante el 2024, unas 284 ataques contra 319 víctimas, tanto individuos como organizaciones, de las cuales 219 (68.65 %) se dedican a la defensa de los derechos humanos y 100 (31.35%) al periodismo y la comunicación social.
Mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida mantiene investigaciones abiertas en al menos 19 casos de asesinatos y desapariciones de personas defensoras y periodistas, ocurridos entre 2023 y 2024.
El índice da algunas referencias para el país, entre ellas, revocar a la brevedad el estado de excepción y establecer una estrategia basada en la construcción de paz y la garantía de los derechos humanos.
También recomienda desarrollar e implementar un programa de traspaso de la administración penitenciaria al Instituto Nacional Penitenciario y a la implementación de programas encaminados a la reinserción social de las personas privadas de libertad.
E investigar, de manera pronta e imparcial, las denuncias de actos de tortura o malos tratos cometidas por efectivos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, así como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y muertes ocurridas bajo custodia policial, durante el régimen de excepción.
