Tegucigalpa, Honduras.- El Estado hondureño lleva invertido más de 1,050 millones de lempiras para atender la emergencia vial decretada en febrero de este año, según revelan los datos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los recursos corresponden a procesos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) bajo el Decreto Ejecutivo 08-2026, mediante el cual se declaró por un año el estado de emergencia vial para agilizar la ejecución de obras ante el deterioro de las carreteras.
Según el portal de transparencia, mediante la Ley de Emergencia Vial se registra una inversión de 1,011.3 millones de lempiras en construcción, es decir, reparación, bacheo y mantenimiento de al menos 56 proyectos a nivel nacional.
Además, se suman 39.8 millones lempiras en contratos de supervisión, lo que indica que el total desembolsado hasta la fecha por el Estado, supera los 1,051 millones de lempiras.
Los 56 proyectos tienen una cobertura acumulada de 2,702.33 kilómetros distribuidos en distintas regiones del territorio hondureño.
Entre los contratos que tiene la inversión más alta dentro del registro está el 004-2026, el cual establece la "limpieza y el bacheo temporal paliativo" de la carretera CA-4 , tramo La Ceibita–El Poy que tiene una extensión de 214.02 kilómetros.
Dicho contrato fue adjudicado a la Constructora William y Molina S.A. de C.V. a un monto de 101.8 millones de lempiras; no obstante, a esta empresa se le adjudicaron siete contratos más, pagándole 198.64 millones de lempiras en total.
Sin embargo, la empresa constructora a la que el Estado adjudicó más contratos fue Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (Sermaco), quien recibió más de 216.46 millones de lempiras por 18 proyectos.
Entre ellos destaca la limpieza y bacheo temporal del tramo de Ojo de Agua-Cantarranas-Valle de Ángeles que corresponde a 50.34 kilómetros, por el cual se desembolsaron un total de 36,336,563.23 lempiras.
Otro de los contratos de mayor valor fue otorgado a Constructora de Obras y Desarrollos S.A. de C.V (Odesa) para la rehabilitación del tramo La Esperanza-Camasca que establece la intervención de 39 kilómetros a un monto de más de 92.79 millones de lempiras.
Odesa se encuentra entre las tres empresas que más dinero recibieron por el Estado. En total a la constructora se le adjudicaron cinco contratos por un monto que alcanza los 171.11 millones de lempiras.
Fueron 10 las empresas contratadas para la reparación, bacheo y mantenimiento de los más 2,700 kilómetros de red vial, según establecen los datos del Observatorio Ciudadano que monitorea los gastos del Estado durante decretos de emergencia.
La declaratoria de emergencia permitió acelerar procedimientos administrativos para ejecutar trabajos de bacheo, rehabilitación de pavimentos, mantenimiento de carreteras primarias y secundarias.
Además de reparación de sistemas de drenaje, limpieza de cunetas, alcantarillas, quebradas y recuperación de bordos afectados durante las temporadas lluviosas.
Por lo que los trabajos que se desarrollaron van desde mantenimiento rutinario y atención de daños puntuales hasta rehabilitación completa de corredores estratégicos.
Los datos publicados también identifican a las empresas encargadas de la supervisión técnica de los proyectos, entre ellas están: SAYBE y Asociados, Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA), Consultores Asociados de Honduras (CONASH), Técnica de Ingeniería S.A. de C.V., ASP Consultores y Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA).
No obstante, la base de datos pública únicamente identifica a los supervisores vinculados a cada proyecto, pero no incorpora los montos económicos asignados para esas labores.
Contratos heredados
Mientras se realizan contrataciones mediante el decreto de emergencia, la SIT también mantiene una revisión de contratos heredados de administraciones anteriores.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, informó que la institución recibió una cartera de 248 proyectos adjudicados, de los cuales solamente 85 tenían avance físico al momento del cambio de gobierno.
"Algunos proyectos macro, grandísimos, otros medianos y un montón de proyectos pequeños. Pero dentro de los archivos de la secretaría, hay una gran cantidad, más de 120 proyectos otorgados durante el último trimestre de 2025 que no cuentan con una orden de inicio".
El funcionario explicó que esos proyectos con ejecución comprobada fueron reactivados, mientras que entre 120 y 140 contratos serán rescindidos, debido a que no contaban con avances en campo, órdenes de inicio ni ejecución.
Ehrler señaló que esos contratos no forman parte de la nueva estrategia de infraestructura porque fueron adjudicados sin iniciar trabajos.
Esos proyectos que el Gobierno no iniciará representan una inversión de más de 1,000 millones de lempiras, según dio a conocer el titular de la SIT.
En total los contratos heredados por la administración anterior representan una obligación cercana a los 12,000 millones de lempiras, incluyendo alrededor de 5,000 millones en deuda flotante.
Según explicó el funcionario, el Gobierno ha realizado pagos entre 3,600 millones y 3,700 millones de lempiras para reducir compromisos pendientes con la empresas constructoras.
