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Tegucigalpa, Honduras.- La expresidenta del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Anchecta, cuestionó la reducida cantidad de expedientes por presunto enriquecimiento ilícito remitidos al Ministerio Público entre 2019 y 2025 y atribuyó esa situación a una falta de capacidad administrativa dentro del ente contralor.
Las declaraciones surgen luego de EL HERALDO revelara que durante ese período, únicamente cuatro casos fueron trasladados al Ministerio Público contra exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Fondo Hondureño para la Inversión Social (FHIS) y dos municipalidades.
Para Anchecta, el reducido número de expedientes no refleja la realidad del trabajo que debería desarrollar el Tribunal Superior de Cuentas ante los casos de enriquecimiento ilícito que pudieron ocurrir durante los últimos años.
La exfuncionaria que fungió la presidencia del TSC entre 2011 y 2012 sostuvo que la escasa cantidad de casos enviados a la Fiscalía responde a deficiencias internas en la administración del organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
"Hace algunos años los funcionarios trataron de engañar al Tribunal Superior de Cuentas y todavía lo intentan.. Obviamente ahí pasó una incapacidad administrativa, tanto de los magistrados del TSC como de los funcionarios, es imposible que en ese tiempo solo hayan remitido esos informes", explicó.
Anchecta consideró que la responsabilidad no solo recae en las autoridades que dirigen la institución, sino también en el personal encargado de desarrollar las investigaciones y elaborar los informes que posteriormente son remitidos al Ministerio Público.
A su criterio, los servidores públicos deben responder por el cumplimiento de sus funciones, debido al papel que desempeñan dentro del sistema de control del Estado; "yo pienso que se debe sancionar a los funcionarios porque ellos son un engranaje fundamental, y el Estado les paga".
Expedientes
Los casos remitidos corresponden a presuntos perjuicios económicos o incrementos patrimoniales no justificados que, en conjunto, superan los 92.4 millones de lempiras.
Informes oficiales apuntan a Levis Donaldo Martínez, quien se desempeñaba como analista administrativo del IHSS, y es señalado de percibir 85 millones de lempiras de las arcas del Estado.
César Arnulfo Salgado Sauceda, exministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), por un monto que supera los dos millones de lempiras.
Manuel Meza, alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, también aparece en los expedientes remitidos por el TSC, y fue señalado de enriquecimiento ilícito por 1.6 millones de lempiras.
El otro caso remitido el último año involucra a Ada Esperanza Muñoz Torres, directora ejecutiva de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, por más de 3.6 millones de lempiras.
