Tegucigalpa, Honduras.- Al resto de personas acusadas de fomar parte de una red que orquestó un fraude por más de 3,000 millones de lempiras contra el Estado de Honduras se les girarán órdenes de captura, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
"Hay órdenes de captura que pueden ser ejecutadas por los organismos de seguridad del Estado para que estas personas posteriormente sean presentadas ante el juez", indicó Silva.
Este miércoles -30 de julio- a la 1 p.m., se desarrollará la audiencia de declaración de imputado contra el diputado nacionalista Nelson Márquez, Eva María Vásquez Villanueva (exdirectora legal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento -Sedecoas- y del Foro Hondureño de Inversión Social -FHIS-), Juan Fernando Madrid Lezama (apoderado legal de la empresa NAINSA), el juez Reynaldo Esaú Gradiz Vilorio y Caronte Rojas Zavala, exrepresentante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ante el Tribunal Arbitral.
El resto de implicados, quienes no se han presentado ante las autoridades son: Murray Paul Farmer (representante legal de la empresa DRC Inc), la jueza Irissabel Lucía Miranda Hernández, Martha Vicenta Doblado Andara (excoordinadora general de gobierno), Héctor Alvarado Mejía (exfuncionario de la Procuraduría General de la República) y Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
En cuanto a las personas que se presentaron este día a su audiencia de declaración de imputado, una vez que culmine este proceso se sabrá si se les dictará la medida de detención judicial o si se defenderán en libertad.
Sobre el presunto fraude
De acuerdo a las líneas de investigación de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas conformaron una red para sustraer 3,084,223,255.38 lempiras tomando de base un contrato irregular y un laudo arbitral sin validez legal.
Las fiscalías señalan que el fraude inició en el año 2000, dos años después del huracán Mitch, cuando con fondos de cooperación internacional se contrató a la empresa DRC Inc, la cual no estaba autorizada para operar en Honduras y que subcontrató a NAINSA de manera ilegal.
Ante ello, en 2001 el cooperante canceló la ayuda al detectarse inconsistencias en el contrato.
Sin embargo, ambas empresas promovieron demandas contra el Estado de Honduras a través de un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (ASJ). De igual forma, tuvieron un acuerdo confidencial para no demandarse entre sí.
Para entablar las demandas, este grupo se valió de procesos arbitrales con múltiples irregularidades, como la presentación de documentos falsos y la utilización de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable para las empresas y así ganar las millonarias demandas contra el Estado.
Además, las fiscalías señalan que los imputados se beneficiaron con las demandas, explicando que parte del dinero ganado en las batallas judiciales fue depositado a sus cuentas bancarias personales y de familiares.
