¿Cómo se orquestó el fraude a través de millonarias demandas al Estado?
Once personas se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38), para ello durante más de dos décadas orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y una resolución sin valor legal.
- 29 de julio de 2025 a las 00:00
Durante más de dos décadas usaron contratos irregulares y fallos sin valor legal para presentar demandas fraudulentas y desviar fondos públicos que terminaron en cuentas personales y de familiares de los acusados. A continuación cómo la red orquestó una serie de demandas para beneficiarse.
Todo comenzó allá por el año 2000, poco después del huracán Mitch que azotó a Honduras, en ese tiempo el Estado de Honduras a través de SEDECOAS, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc.
Los contratos si bien no son especificados en el requerimiento fiscal estaría relacionados precisamente a atender las múltiples necesidades de infraestructura que ocasionó el Mitch.
La firma estadounidense DRC Inc., representada por Murray Paul Farmer, no estaba autorizada para operar en Honduras y aún así logró obtener el contrato con SEDECOAS con la participación de las acusadas Martha Vicenta Doblado Andara como excoordinadora General de Gobierno y Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.
Al no estar autorizada para operar en Honduras, esta compañía gringa lo que hizo fue contactar a Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA) para subcontratarla ilegalmente para que ejecutara los proyectos.
Ante la serie de inconsistencias y porque no se habían cumplido los requisitos legales, en el año 2001 el cooperante internacional decidió cancelar la ayuda a Honduras, por lo que el contrato ya no contaría con los recursos para su ejecución pese a los daños del desastre natural.
Años después, ambas empresas, DRC Inc. y NAINSA, demandaron al Estado de Honduras por incumplimiento de contrato de manera fraudulenta al basarse en un laudo arbitral (resolución) que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con el fin de beneficiarse ambas, DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con NAINSA, pese a que NAINSA no había tenido relación contractual alguna con el Estado, pues fue DRC Inc. quien la subcontrató. El objetivo de DRC Inc. y NAINSA era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas. Además, en dicho convenio ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre sí, bajo ninguna circunstancia, evidenciando que su actuación era coordinada y simulada, con la única finalidad de defraudar al Estado hondureño.
Para defraudar al Estado, la red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y el uso de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para lograr un fallo favorable de parte de uno de los jueces imputados (Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio), que terminó condenando al Estado a pagar sumas millonarias.
Luego vinieron más demandas millonarias, NAINSA, a través de su representante legal, interpuso en 2019 otra acción judicial basada en un Laudo Arbitral que ya había sido declarado nulo mediante resoluciones judiciales firmes desde 2009 y 2013. A pesar de ello, la jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda.
En enero de 2020, Nelson Márquez Euceda como secretario de SEDECOAS, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una “erogación mayor”, aun sabiendo que el laudo carecía de validez legal.
Un mes después, SEDECOAS y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial para acordar pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso. Pero Nelson Márquez incumplió lo pactado, aunque se habían asignado partidas presupuestarias para ello, provocando una nueva demanda de ejecución forzosa por una suma millonaria, demanda que fue admitida nuevamente por la misma jueza, Irissabel Miranda Hernández.
Luego en 2022, el juez Raymundo Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. Aunque los jueces ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley. Incluso en un audiencia clave Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento de la PGR, no asistió a la audiencia y se justificó con un certificado médico falso.
La investigación arroja que los acusados se beneficiaron directamente del dinero obtenido mediante esas demandas. Ambas empresas les depositaron a los funcionarios (de SEDECOAS, PGR y jueces) en cuentas personales y de familiares. Además, se identificaron pagos de hipotecas personales y transferencias directas a cuentas de personas que tenían la responsabilidad de garantizar la legalidad del proceso.