Tegucigalpa, Honduras.- Varios diputados del Partido Nacional llegaron este lunes hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se realiza la audiencia de imputados contra cinco personas vinculadas a un desfalco de 3,084,223,255.38 lempiras al Estado mediante un contrato irregular y un laudo arbitral sin respaldo legal.
Entre los asistentes estuvieron el diputado nacionalista Éder Mejía y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quienes llegaron en respaldo de su correligionario Nelson Márquez, uno de los principales implicados en el caso.
Márquez fue trasladado a la sala VI de juicios orales, y antes de ingresar manifestó que espera que se respete el debido proceso y "se haga justicia".
Por su parte, Tomás Zambrano calificó como "ilegal" la detención de Márquez y cuestionó la legalidad del proceso judicial en su contra. Afirmó que el procedimiento no se está llevando conforme al Código Procesal Penal.
"Libre quiere unas elecciones como en Venezuela, quiere que la oposición ceda el brazo en el manejo y control del proceso electoral, con Marlon Ochoa a la cabeza", denunció Zambrano.
Agregó que la detención de su compañero es arbitraria, pues, según él, se están violentando los procedimientos legales establecidos para funcionarios públicos.
"El Código Procesal Penal es claro, establece el procedimiento cuando se presenta un requerimiento contra un funcionario. Por más de 21 años se ha respetado el debido proceso: la resolución de inocencia, el derecho a la defensa y la resolución por un juez natural", argumentó el congresista.
Además de Nelson Márquez, también comparecieron ante la Corte: Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas-FHIS Reynaldo Esaú Gradys Vilorio, juez Juan Fernando Madrid Lezama, representante legal de la empresa NAINSA Caronte Rojas Zavala, exintegrante del Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados de Honduras (CAH)
No obstante, también se investiga a otros funcionarios y exfuncionarios como: Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora general de Gobierno; Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR); Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
