Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional acusado por fraude en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Nelson Márquez, se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su audiencia de declaración de imputado.
Al arribar a la CSJ, Márquez fue llevado a la sala VI y previo a ingresar declaró "esperamos que se siga el debido proceso, que se haga justicia".
Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, es investigado por el Ministerio Público de formar parte de una red de funcionarios públicos y representantes de empresas que orquestaron un fraude por más de tres mil millones de lempiras en perjuicio del Estado de Honduras.
A la CSJ también arribó Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas-FHIS, el juez Reynaldo Esaú Gradys Vilorio, Juan Fernando Madrid Lezama, representante legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A (NAINSA) y Caronte Rojas Zavala, exintegrante del Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Además de estas cinco personas, son investigados Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora General de Gobierno, Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR); Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc y Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
Sobre la acusación
De acuerdo a las investigaciones de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estas personas se coludieron para sustraer 3,084,223,255.38 lempiras a través de un contrato irregular y un laudo arbitral sin fundamento legal.
Las entidades fiscales señalan que el caso data desde el año 2000, dos años después de que el huracán Mitch azotara al país. En el año mencionado, con fondos de cooperación internacional se adjudicó un contrato con la empresa DRC Inc, la cual no estaba autorizada para operar en Honduras. DRC Inc subcontrató a NAINSA de forma irregular.
En 2001 el cooperante canceló la ayuda al encontrarse que el contrato tenía inconsistencias. Años después, DRC Inc y NAINSA promovieron demandas fraudulentas basándose en un laudo arbitral que no fue homologado por la CSJ.
DRC Inc y NAINSA tuvieron un acuerdo confidencial pese a que esta última hubiese tenido alguna relación contractual con el Estado de Honduras. Ambas compañías acordaron presentar demandas, fingiendo actuar como entidades separadas y pactaron no demandarse entre sí.
"Para lograr su cometido, esta red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y el uso de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable, presidido por uno de los imputados, que terminó condenando al Estado a pagar sumas millonarias".
Sin embargo, el Partido Nacional atribuyó que la captura de Márquez es una estrategia del oficialismo presidido por Libertad y Refundación (Libre) para que su representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presida el órgano electoral.
"La acción de hoy es una clara extorsión judicial con la que Libre pretende forzar a la oposición para quedarse con la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), a favor de Marlon Ochoa", expresó Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional.
Noticia en desarrollo...
