Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público emitió este martes un requerimiento fiscal contra varios hondureños señalados por los delitos de fraude y falsificación de documentos, entre otros, para el saqueo de más de tres mil millones de lempiras; entre los señalados está el actual diputado por el Partido Nacional y subjefe de bancada, Nelson Márquez, quien fue detenido por la Policía Nacional esta misma tarde.
De acuerdo al requerimiento de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el caso que involucra a exfuncionarios públicos, abogados y jueces, estos orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
En el caso del diputado nacionalista, quien en ese momento era secretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), enfrenta el cargo por delito de fraude junto a Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora general de la república; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora general de gobierno; Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA); Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc.
Los otros acusados en el caso son los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
De acuerdo a las investigaciones, en el año 2000, el Estado hondureño otorgó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, la cual subcontrató ilegalmente a NAINSA. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez legal, buscando obtener pagos millonarios del Estado mediante un acuerdo confidencial que fingía separación entre ellas.
A través de procesos arbitrales irregulares, incluyendo documentos falsos y un reglamento no oficial, lograron sentencias favorables.
En 2019, NAINSA presentó una nueva demanda basada en ese mismo laudo nulo, que fue admitida por la jueza Irissabel Miranda.
Un año después, en 2020, Nelson Márquez, entonces secretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), recomendó un acuerdo extrajudicial con NAINSA, pese a conocer la ilegalidad del laudo. Aunque se aprobaron fondos para pagar, no se cumplió lo pactado y se generó otra demanda, nuevamente admitida.
La investigación señala que los implicados se beneficiaron directamente de los fondos públicos mediante depósitos a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a terceros.
Además, se detectaron ausencias injustificadas en audiencias clave y participación de jueces y funcionarios que conocían la nulidad del laudo, pero continuaron ordenando pagos al margen de la ley.
