Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó varios requerimientos fiscales en casos relacionados con actos de corrupción y falsificación de documentos que han perjudicado al Estado de Honduras.
Uno de los casos más relevantes es el fraude millonario a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
La FETCCOP identificó un fraude de más de 64.6 millones de lempiras, que fue ejecutado por varios exfuncionarios de la entidad.
Ocho personas están acusadas de manipular los contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago, alterando los registros de cobro para que las empresas pagaran menos de lo acordado.
A cambio de estas alteraciones, los involucrados recibieron pagos millonarios que se transfirieron a cuentas bancarias a nombre de sus familiares. Hasta la fecha, fueron capturados Susan Tatiana Aguilar Fortín, Héctor Emilio Mejía Rivera y María Débora Guevara. La Fiscalía sigue buscando a los otros cinco implicados.
Otro requerimiento fiscal involucra a Óscar Andrés Pineda Suazo, excoordinador del Área Civil de la Procuraduría General de la República (PGR).
Pineda está acusado de revelar secretos, al haber utilizado información confidencial solicitada durante su gestión, después de haber dejado su cargo.
Según la FETCCOP, el acusado "utilizó información que le había sido proporcionada durante su tiempo como funcionario público, para fines ajenos a los intereses del Estado".
También se presentó un requerimiento fiscal contra Fredy Omar Aragón Zacapa, exgerente de la municipalidad de Gracias, Lempira.
Aragón Zacapa falsificó tanto su título de Bachiller en Administración de Empresas como su título universitario de Licenciado en Administración de Empresas para poder acceder a su cargo.
Este acto le valió la acusación de falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas.
Finalmente, la FETCCOP ha presentado un requerimiento contra Erika Iveth García Laboriel, quien trabajaba como Técnica Registral en el Registro Nacional de las Personas (RNP), en Trujillo, Colón.
García Laboriel está acusada de falsificación de documentos públicos, luego de que alterara la fecha de inscripción de la defunción de una persona en los registros del RNP.
