¿Quién es Nelson Márquez, diputado nacionalista acusado por delitos de fraude?
Nelson Márquez, actual subjefe de bancada del Partido Nacional, ha ocupado cargos clave como gobernador de Intibucá, diputado y ministro de SEDECOAS
- 29 de julio de 2025 a las 00:00
El diputado Nelson Javier Márquez Euceda, subjefe de bancada del Partido Nacional, fue capturado la tarde de este martes tras un requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público, al acusarlo de un delito de fraude vinculado a la firma de un contrato con una empresa no autorizada.
En 2013, el entonces presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien se encuentra pagando una condena por narcotráfico en Estados Unidos, designó Nelson Márquez como gerente de campaña del Partido Nacional para el departamento de Intibucá.
Nelson Márquez se postuló por primera vez como candidato a diputado en marzo de 2017. Logró una curul en el Congreso Nacional tras las elecciones generales de ese año, asumiendo funciones legislativas en 2018.
En 2019, el presidente Hernández solicitó a Márquez asumir el cargo de ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), como parte de una reestructuración del gabinete.
El 19 de agosto de 2019, Márquez asumió oficialmente el cargo de secretario de SEDECOAS‑FHIS, desde donde gestionó proyectos vinculados a infraestructura comunitaria y servicios básicos.
El subjefe de bancada nacionalista, Nelson Márquez, fue electo con más de 37 mil votos y resultó electo como diputado por Intibucá en 2021 con 37,302 votos.
Hoy enfrenta acusaciones por fraude relacionadas con su desempeño previo como funcionario en SEDECOAS.
Márquez ha sido electo diputado por el departamento de Intibucá en dos periodos consecutivos: 2018‑2022 y 2022‑2026.
Actualmente, Márquez ejerce como subjefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, posición desde la cual coordina estrategias legislativas de su agrupación política.
Una investigación fiscal identificó a Nelson Márquez como uno de los involucrados en una red de exfuncionarios, jueces y abogados que habría causado un perjuicio de más de 3,084 millones de lempiras al Estado durante más de 20 años, utilizando como excusa un contrato irregular y un laudo arbitral que no tenía validez legal. En el año 2000, el Estado hondureño otorgó un contrato a la empresa DRC Inc., no autorizada para operar en el país, la cual subcontrató ilegalmente a NAINSA. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas.