Tegucigalpa, Honduras.- La renuncia de José Carlos Cardona como ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no es el punto final de la cadena de la corrupcipon, sino la puerta de entrada a una investigación formal de corrupción, coincidieron juristas consultados por EL HERALDO.
“¿De qué sirve que renuncie si nadie le va a hacer nada y quedará impune ese despilfarro de dinero?”, cuestionó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos al referirse al escándalo que vincula a Cardona y a la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar en el uso de fondos sociales para fines políticos.
Barrientos sostuvo que el video —difundido a través de redes sociales— y el informe preliminar de la Secretaría de Transparencia, así como lo que revele el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), “son más que suficientes para que el Ministerio Público actúe”.
A su juicio, los implicados “quedaron evidenciados; son iguales o peores que los que estaban antes, ya perdieron credibilidad”.
El constitucionalista también reprochó que la Secretaría de Transparencia “solo reaccionó cuando el incendio consumió toda la casa”.
En la misma línea se pronunció el abogado y analista político Kenneth Madrid. Aunque valoró como “correcta” la renuncia de Cardona —“eso habla bien de la presidenta Xiomara Castro”—, consideró que las instituciones del Estado deben profundizar las indagaciones y asegurar una justicia imparcial.
“El exsecretario hizo lo correcto al poner su cargo a disposición, pero eso obliga al Estado a actuar”, enfatizó Madrid, quien recomendó a la diputada Cuéllar solicitar un permiso temporal en el Congreso para apartarse de la curul y “no obstaculizar el proceso”.
De acuerdo a lo manifestado por Kenneth Madrid, permanecer en el cargo (en el caso de la parlamentaria) mientras se investiga, “socava la confianza pública y distorsiona la justicia”.
El asunto toca una fibra sensible: la posibilidad de que fondos destinados a las poblaciones más vulnerables hayan sido desviados para fines electorales o de servilismo político, tal y como se sugiere en el video.
Cheques sin firmas, documentos falsificables, beneficiarios inexistentes y el uso indebido de fondos públicos fueron entregados a estructuras políticas de Libre, detallan los documentos presentados por el CNA y confirmadas por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
A criterio de los expertos, si el Ministerio Público no procede con firmeza, las consecuencias serían devastadoras y dejarían un mensaje en el país donde se puede usar el Estado como botín político y salir ileso si se renuncia a tiempo.
