Tegucigalpa, Honduras.- El exjuez de letras de Juzgados de Letras de la Sección Judicial de Comayagua Juan Carlos Zelaya Turcios, interpuso una denuncia contra varios funcionarios del Poder Judicial y exfuncionarios del Ministerio Público (MP).
Entre los denunciados están: el exfiscal general de la República, Luis Alberto Rubí Ávila, el exfiscal general adjunto, Roy David Urtecho López, el fiscal y contra el exfiscal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, Henry Salgado.
Además, la denuncia fue presentada contra el actual magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua, Omar Bonilla Jiménez, contra el juez Rubén Flores y la exjueza de letras de los Juzgados de Comayagua, Eda Maritza Mejía Cardona.
El denunciante, abogado Juan Zelaya, detalló que los acusa por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y violación a los deberes de los funcionarios.
"Solicito al Ministerio Público de manera correcta, como no lo dudo del fiscal general, proceda inmediatamente a girar orden de captura contra estas personas y que de una vez por todas se haga justicia en mi caso", expresó Zelaya Turcios.
Despido
El profesional del derecho manifestó que "fui despedido injustamente y de forma arbitraria, violentando todos los principios del derecho que tiene los jueces; soy una víctima del golpe de Estado y me dejaron solo", arguyó.
"Fui despedido en el 2012. Yo era juez de letras del área penal en la ciudad de Comayagua y fui despedido vilmente, me hicieron un proceso ilegal, me procesaron a mí por decisiones jurisdiccionales en los cuales yo dejé abiertos los recursos", indicó Juan Carlos.
El también exmiembro de la Asociación de Jueces por la Democracia lamentó que aunque solicitó el pago de sus derechos laborales, es decir, sus prestaciones, a la fecha no le han sido cancelados.
"A raíz de eso perdí mi hogar, perdí mi casa y me humillaron. Estoy haciendo un llamado respetuoso a la abogada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando, que de una vez por todas me pague las prestaciones. Es un derecho inalienable que tengo", exigió.
