Tegucigalpa, Honduras.- A tres días de finalizar su administración gubernamental, la expresidenta Xiomara Castro Sarmiento, realizó el nombramiento de dos funcionarios en el estamento estatal, una decisión que ha generado fuertes críticas en distintos sectores.
De acuerdo con dos publicaciones en el diario oficial La Gaceta, la entonces mandataria emitió primero la cancelación del cargo de ministra de la Presidencia a Lesly Sarahí Cerna, mediante el acuerdo ejecutivo 221-2025.
En esa misma edición, publicada el 23 de enero de 2026, bajo el acuerdo ejecutivo 33-2026, Castro Sarmiento acordó nombrar a Cerna como directora del Banco Central de Honduras (BCH), cargo que ejercerá a partir del 23 de enero de 2026 hasta el 23 de enero de 2028.
Un día después, el 24 de enero, en otra edición de La Gaceta y aun en funciones como jefa de Estado, Castro nombró al excanciller de la República, Eduardo Enrique Reina García, como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), según consta en el acuerdo ejecutivo 190-2026.
Ambas decisiones de la expresidenta Castro Sarmiento se dieron a solo unos días de terminar su mandato, sin importarle que es el Partido Nacional (PN) el que tendrá el mando por los próximos cuatro años.
¿Se puede despedirlos?
Pero, ¿qué pasa si la administración del presidente Nasry "Tito" Asfura decidiera despedir de sus cargos a Sarahí Cerna y a Eduardo Reina?. El experto en Derecho Laboral y exministro de la Secretaría del Trabajo, German Leitzelar Vidaurreta, asegura que es posible, pero que tendría sus consecuencias.
"Nombrada la persona, con todos los requisitos que establece la ley, inicia su actividad, y sí por decisión política de un presidente se da la cancelación de la persona nombrada, automáticamente viene una acción judicial para reclamar la restitución al cargo, y al no existir la restitución, viene la indemnización del pago de los salarios por el tiempo que falte para cumplir el nombramiento", explicó Leitzelar.
Es decir, que si Cerna y Reina fuesen despedidos, aun comprobándose que tienen los requisitos académicos, conocimientos técnicos y trayectoria para desempeñar esos cargos, y son despedidos, el Estado podría ser obligado a cancelarles el total de sus salarios y demás derechos laborales por el tiempo que establece su contrato.
¿Qué dice la Ley del BCH?
La Ley del Banco Central de Honduras, en su artículo 8 establece, que "para ser miembro del Directorio se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de treinta años, no tener cuentas pendientes con el Estado, ser de notoria buena conducta, ostentar título profesional de nivel universitario y contar con una amplia experiencia en materias relacionadas con la economía general, el comercio internacional, la moneda, la banca, las finanzas públicas y privadas o el Derecho Económico".
El versado en derecho laboral, instruyó que "si no reúnen los requisitos (Sarahí y Eduardo) y se sigue un procedimiento legal que cumpla con el derecho a la defensa, con el debido proceso y que se hagan los correspondientes mecanismos que establece la ley, puede cancelarse el nombramiento; eso inevitablemente va a llevar a una acción judicial", o sea, una demanda laboral por parte de los despedidos.
Leitzelar ilustró que para poder despedirlos "se tiene que seguir un procedimiento. En el Banco Central de Honduras, el procedimiento que se lleva adelante es un procedimiento que, una vez nombrada la persona, y si reúne los requisitos y se encuentra con todas las condiciones de ejercer el cargo, se le sigue una acción".
Esa acción debe llevarse en el fuero legal, que no es más que obtener en un tribunal los requisitos que la ley del BCH indica, demostrar que esa persona no está cumpliendo con los requisitos y que ha sido nombrada irregularmente, y será en un juicio sumario que deberá de desarrollarse en un término de diez a 15 días.
El profesional del derecho concluyó diciendo: "un funcionario del Banco Central tiene alta protección y se le tiene que demostrar (que no los cumple). Si está cumpliendo los requisitos, pero éticamente o por razones de naturaleza política está ejecutando actos de obstaculizar, automáticamente se le puede seguir un proceso para cancelarlo".
Xiomara Castro replicó la acción de su predecesor Juan Orlando Hernández Alvarado, quien antes de salir de su gobierno nombró a Mirian Guzmán como directora del BCH y Carlos Madero, como presidente ejecutivo del Fosede.
