Tegucigalpa, Honduras.-A pocos días del cambio de gobierno, la maquinaria administrativa del Estado entra en su fase final; en ese proceso, decenas de altos funcionarios han desfilado a la Secretaría de Gobernación para formalizar el cierre de sus cargos.
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización reiteró que el proceso de cancelación de acuerdos de los secretarios de Estado y altos funcionarios del gobierno saliente no implica el pago de prestaciones laborales, como se ha especulado, sino que corresponde a un procedimiento administrativo normal previo a la transición gubernamental.
El secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, explicó que los secretarios de Estado ocupan cargos de confianza política y, por tanto, no generan derechos a prestaciones laborales al finalizar sus funciones.
“Eso es otra cosa que se especuló hoy aquí, que se estaba cancelando o entregando los acuerdos de cancelación a los secretarios de Estado para pagarles sus prestaciones laborales. Recuerden que nosotros, los secretarios de Estado, como dicen los chavos ahora, nos vamos lisos”, afirmó.
Vaquero señaló que los funcionarios de alto nivel asumen una responsabilidad por designación directa de la presidenta de la República y que, así como ingresan a sus cargos, también los dejan conforme a lo que establece la ley.
“Nosotros sencillamente asumimos una responsabilidad, un rol que nos va asignando la presidenta de la República, y así como entramos, nos vamos sencillamente con los derechos que están escritos conforme a ley”, subrayó.
No obstante, el funcionario precisó que sí existen excepciones en algunas instituciones que cuentan con regímenes especiales, los cuales permiten el pago de ciertos beneficios económicos.
“Los únicos que tienen derechos son aquellas entidades que tienen reglamentos especiales o una reglamentación que realmente permite el pago de bonificaciones o de comisiones”, explicó.
Citó como ejemplo a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), entre otras entidades regidas por comisionados.
En cuanto al avance del proceso, Vaquero indicó que prácticamente todos los secretarios de Estado ya han acudido a Gobernación a reiterar y recibir su acuerdo de cancelación.
“Creo que solo uno quedó pendiente, pero es porque estaba fuera del país; ya me dijeron que el día de hoy llega precisamente a retirar su acuerdo de cancelación”, detalló.
El titular de Gobernación enfatizó que este procedimiento no es nuevo ni extraordinario, sino que se realiza cada cuatro años como parte del cierre de una administración.
“Esto se hace cada cuatro años. La gente lo ha visto como extraño, pero siempre se hace así. Igual ocurrió con el gobierno anterior del presidente Juan Orlando Hernández, cuando todos los secretarios de Estado fueron cancelados antes de que asumiera la nueva presidenta”, recordó.
Según Vaquero, adelantar estos trámites busca evitar confrontaciones políticas durante el cambio de gobierno.
“Es una deferencia para que no exista ese antagonismo de tener que despedir a funcionarios de otro partido, algo que siempre genera polémica. Lo que estamos haciendo, por instrucción de la mandataria, es proceder con estas cancelaciones para que los secretarios de Estado puedan irse tranquilos”, expresó.
El funcionario también aclaró que el acuerdo de cancelación no equivale a un finiquito.
“No es finiquito, es el acuerdo de cancelación. Los finiquitos los entrega el Tribunal Superior de Cuentas”, puntualizó, al explicar que los exfuncionarios deben acudir posteriormente a esa instancia para completar el trámite administrativo correspondiente.
Este proceso abarca a unas 130 entidades del Estado, incluyendo instituciones centralizadas, desconcentradas y descentralizadas, como parte del ordenamiento administrativo previo a la toma de posesión del nuevo gobierno, reiterando que todo se está realizando con apego a la ley y a la práctica institucional vigente.
