TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a haber confirmado a EL HERALDO que en efecto su padrastro (Carlos Rivera, jefe de seguridad); su yerno (Diego Román Pineda, oficial de transparencia); su primo (César Luis Castellanos) y su cuñada (Dr. Sthephany Fabiola), sí trabajan en el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), la directora ejecutiva de la institución Ninfa Flores, calificó la denuncia de nepotismo como una campaña de desprestigio.
La funcionaria reaccionó de manera contradictoria anoche asegurando que en ningún momento ninguna de estas personas laboran ahí, “tengo pruebas, tengo las planillas”, dijo durante una entrevista al Noticiero TN5, contrario a lo que admitió días atrás.
Flores apuntó a una campaña de desprestigio, “primero tenían en la mira lo que es el Injupemp, luego al IP y ahora al INAMI, entonces queda evidenciado que hay una campaña en contra las secretarías de Estado para desestabilizar y que el trabajo se vea opacado”, manifestó.
La funcionaria se refiere a las investigaciones de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus donde se ha dejado en evidencia una capacitación VIP para empleados del IP y el millonario despilfarro de 43 millones de lempiras en Injupemp en la construcción y remodelación de una funeraria que en dos décadas nunca se utilizó.
Sobre la denuncia de nepotismo, de la que la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción anunció ya realiza una investigación a fondo, la directora ejecutiva del INAMI aduce que los documentos presentados en la denuncia, donde se evidencian los pagos, no tienen validez.
Familión en el INAMI
La institución, que recientemente estuvo en el ojo público por contratar policías depurados -luego de decir en un comunicado que iban a salir, pero continuaron en su puesto- y esconder durante años en un sótano una habitación del placer, también está siendo denunciada por abuso de poder, malversación de fondos públicos y corrupción.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus accedió a documentos que revelan actos de corrupción en el INAMI donde Flores, con apenas seis meses en el cargo, colocó a su hija, a su padrastro, a su pareja, a sus cuñadas, a su yerno y a sus primos con cargos importantes y onerosos sueldos. El problema es que la Ley de Contratación del Estado y el Código de Ética del Servidor Público prohíben esta práctica.
La Ley de Contratación del Estado en el apartado de “capacidad de los contratistas”, ubicado en la segunda sección en su artículo 15 que refiere a “aptitud para contratar e inhabilidades” (numeral seis) prohíbe negocios con el Estado por “ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación”.
