Tegucigalpa, Honduras.— La convulsión que se ha generado en el país producto de las campañas proselitistas de los diferentes partidos políticos no es ajena al trabajo periodístico de la prensa hondureña, cuyos miembros se han visto vulnerados en sus coberturas.
El temor de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la prensa misma es que el día de las elecciones generales, el 30 de noviembre, esos ataques y coacción continúen.
Dina Meza, periodista, reconocida defensora de los derechos de la prensa nacional y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), a 27 días de los comicios electorales, hace un llamado enérgico a la institucionalidad, a respetar el trabajo de la prensa.
"Que respetan los derechos, que respetan la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información. Pero en este momento lo que más nos falta es institucionalidad. Nos falta respeto a los derechos humanos y a los compromisos internacionales que Honduras ha asumido", señaló Dina Meza.
Puntualizó: "Hemos visto cómo se violenta estas libertades, como militares conducidos por el propio jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, han llegado a golpear a periodistas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Eso no es correcto, es violatorio de la libertad de prensa".
¿Qué podemos esperar?
Si la valoración del comportamiento institucional en los últimos meses, especialmente de las Fuerzas Armadas, ha sido el de limitar, de alguna manera, el trabajo de la prensa, la presunción es que el día de las votaciones podría ser similar.
"Así como es la víspera, así es la fiesta. Así que preparémonos, hagamos planes de autoprotección, unámonos más, seamos solidarios, no andemos solos en la cobertura y a nivel nuestro, por ejemplo: estamos en toda la disposición de apoyar a aquellos periodistas que tienen problemas", evidenció Dina Meza.
Para poder acuerpar y brindar esa protección a los miembros de la prensa, Asopodehu y otras organizaciones de derechos humanos tienen planificado abrir una mesa de denuncias en la capital de la República, que tendrá cobertura nacional, para atender los casos de periodistas y comunicadores sociales.
Una de las limitantes más recientes se ha derivado de la propia institucionalidad estatal denunciada por los defensores de derechos humanos. Es con relación a la acreditación de los comunicadores sociales, principalmente, los del interior del país.
"Están con un proceso demasiado lento. Además, tienen una visión reducida de qué es ser y periodista de cómo la información es vital para la sociedad. Creemos que deben cambiar ese chip y seguir las recomendaciones internacionales con respecto al acceso a la información", fustigó Meza, ya que muchos comunicadores han tenido dificultad para acreditarse ante el CNE.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos reconocen que los colegas periodistas deben de conocer sus límites al informar, ser rigurosos a la hora de informar, contrastar la información y verificar que no sea una desinformación la que se va a transmitir a la sociedad.
