Tegucigalpa, Honduras.- A un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, una misión internacional de observación sobre libertad de expresión advirtió que el periodismo hondureño enfrenta un escenario crítico marcado por el acoso judicial, la impunidad, la vigilancia estatal y un ambiente de hostilidad creciente hacia los comunicadores.
Organizaciones como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) documentaron durante una visita al país los patrones de persecución, censura y violencia estructural que ponen en riesgo el derecho a informar y ser informado en el contexto electoral.
Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 México y Centroamérica, señaló que uno de los principales problemas identificados es la criminalización de periodistas mediante el uso de figuras penales como la difamación o los delitos contra el honor.
“Desde las distintas autoridades, inclusive militares, se cataloga a la prensa como adversaria, como enemiga, e incluso sujeta a actos de investigación”, afirmó.
El especialista explicó que varios comunicadores en diferentes departamentos del país han denunciado ser objeto de procesos judiciales impulsados desde el poder, empleando leyes comunes para iniciar causas sin sustento, lo que constituye un abuso del aparato judicial y un intento por silenciar la crítica.
“Cada caso es distinto, pero hemos identificado un patrón donde delitos que ya existen en el fuero común se utilizan para iniciarse procesos contra periodistas”, dijo Cárdenas, quien añadió que esta práctica “es una tendencia regional y uno de los grandes retos que enfrenta la libertad de prensa”.
El representante de Artículo 19 recordó que, según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, Honduras ocupa el puesto 140 de 180 países evaluados por Reporteros sin Fronteras, lo que la sitúa entre las naciones con mayor riesgo para ejercer el periodismo.
“Solo en 2024, Voces del Sur reportó seis asesinatos de periodistas, convirtiendo a Honduras en el país más letal para la prensa en América Latina”, subrayó.
“El periodismo crítico es parte esencial de una democracia. Los discursos incómodos son también parte de la libertad de expresión. Silenciar a la prensa es silenciar a la ciudadanía”, concluyó Cárdenas.
Fabiola León, representante de Reporteros sin Fronteras, coincidió en que el país atraviesa un momento preocupante.
“Honduras está entre los 40 países con mayor riesgo para los periodistas. Nos alarman los niveles de impunidad, las agresiones físicas y el acoso judicial que provienen tanto del Estado como de las fuerzas militares”, explicó.
León indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, más de 100 periodistas han sido asesinados en los últimos 25 años, pero solo una docena de casos han tenido algún avance judicial.
“Eso genera una sensación de que aquí no pasa nada. La falta de justicia fomenta nuevos ataques porque los agresores saben que quedarán impunes”, denunció.
A esa violencia se suma la desprotección que viven los comunicadores en zonas rurales y periféricas, especialmente mujeres, periodistas indígenas y quienes cubren conflictos de tierra o temas ambientales.
“Los tribunales no pueden convertirse en instrumentos de censura. Un proceso judicial contra un periodista no solo desgasta emocional y financieramente, también inhibe la cobertura informativa”, advirtió.
La representante de RSF reiteró la necesidad de que el Estado hondureño despenalice los delitos relacionados con la honra, como la difamación, para alinearse con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
“Nunca va a ser la vía judicial la manera de resolver diferencias con la prensa; existen mecanismos de retractación o conciliación, pero no la cárcel”, apuntó.
Por su parte, Dina Meza, directora de ASOPODEHU, fue aún más contundente. Aseguró que el país vive un proceso de vigilancia sistemática contra la prensa desde las estructuras del poder.
“Hay monitoreo milimétrico de periodistas, vigilancia a los hijos en las escuelas y verificación de las fuentes de sustento. Eso significa que existe un aparato de inteligencia dedicado a controlar a la prensa”, denunció.
Meza señaló que el actual gobierno “recicló los mecanismos de control y espionaje que usaba la narcodictadura y los perfeccionó”, manteniendo estructuras que intervienen comunicaciones y persiguen a quienes no siguen la línea oficialista.
“Tenemos una institucionalidad que gira alrededor del partido de gobierno y que ataca a quienes no son parte de su discurso”, afirmó.
Según el informe de la misión internacional, la falta de independencia institucional, la precariedad laboral y el uso discriminatorio de la publicidad estatal fomentan la autocensura y debilitan el derecho ciudadano a recibir información veraz durante el proceso electoral.
Las organizaciones instaron al Estado hondureño a garantizar acceso equitativo a la información pública, cesar el uso del sistema judicial como herramienta de presión, fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y asegurar la presencia institucional en regiones rurales y de conflicto.
