Tegucigalpa, Honduras.— En Honduras, cada palabra escrita o pronunciada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El periodismo se ejerce bajo constante amenaza y la información se convierte en un acto de resistencia.
En este país, que mide 112,777 kilómetros cuadrados, se registran algunos de los índices más altos de impunidad en crímenes contra periodistas. Además, la presión económica contra los medios de comunicación se ha convertido en una forma de censura.
Entre 2001 y el cierre de 2024, fueron asesinados más de 100 periodistas, comunicadores y otras personas ligadas a medios de comunicación, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). El 90% de los casos permanecen sin castigo, lamentó la institución.
Estas alarmantes cifras, así como los casos de intimidación, persecución y amenazas, hacen que el país sea uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
A esto también se suma el debilitamiento económico de los medios de comunicación. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicada en mayo de 2025, posiciona a Honduras como el segundo más vulnerable de Centroamérica para la prensa, solo después de Nicaragua.
De los 180 países clasificados, Nicaragua ocupa el puesto 172, Honduras el 142, Guatemala el 138, El Salvador el 135, Panamá el 53 y Costa Rica el 36.
Reportes Sin Fronteras destaca que "el indicador económico de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa sigue cayendo en 2025 y alcanza un nivel crítico sin precedentes".
"Los resultados de la clasificación alertan, desde hace más de diez años, sobre el deterioro global que sufre la libertad de prensa en el mundo. En 2025 se ha cruzado una nueva línea roja: la puntuación media de todos los países evaluados ha caído por debajo de los 55 puntos, el límite marcado para calificar la situación de la libertad de prensa como 'difícil'", menciona parte del documento.
Además, detalla que "más de seis de cada diez países (112 en total) registran retrocesos en la Clasificación, y, por primera vez en su historia, las condiciones para el ejercicio del periodismo son 'difíciles' o 'muy graves' en la mitad de los países del mundo y satisfactorias ('buenas' o 'bastante buenas') en menos de uno de cada cuatro", puntualiza.
Libertad de expresión coartada por funcionarios
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) documentó, entre julio y diciembre de 2024, la creciente criminalización de la labor periodística y la restricción del espacio cívico.
Durante ese período, se registraron 74 incidentes relacionados con ataques a la libertad de expresión y de prensa, violencia contra mujeres defensoras y el cierre de espacios cívicos. Las regiones más afectadas fueron el norte, centro, sur, occidente y el departamento de Francisco Morazán.
Los meses más críticos fueron agosto y octubre, con 16 incidentes cada uno, seguidos por julio con 15. Esta concentración coincide con momentos de movilización social y eventos políticos relevantes.
De los 74 casos, 42 estuvieron vinculados a la restricción del derecho a reunirse y manifestarse; 27 afectaron directamente la libertad de expresión y 5 implican violencia contra mujeres defensoras.
En el ámbito periodístico, la situación es especialmente preocupante. De los 27 incidentes que vulneran la libertad de expresión, la mayoría ocurrió en la región central, particularmente en Tegucigalpa, que acumuló 20 casos. Octubre fue el mes más crítico, con 7 agresiones.
En este contexto, muchos periodistas optaron por la autocensura, no por falta de rigor, sino por instinto de supervivencia, según conoció este rotativo.
La amenaza no siempre proviene del crimen organizado. En al menos tres incidentes se identificó a ministros del gobierno como agresores directos. Sin embargo, en más de la mitad de los casos (56%) ni siquiera se tiene información sobre los responsables, según Asopodehu.
El patrón más recurrente fue la obstrucción a la labor periodística, pues hubo desde restricciones de acceso hasta intimidaciones abiertas.
La información en poder de la organización concluye que “la libertad de expresión se encuentra en un estado precario”.
Dina Meza, periodista hondureña, defensora de los derechos humanos y fundadora del Centro Pen Honduras, lamentó que "es más seguro ser periodista de guerra que comunicador social en Honduras, donde a cada esquina vemos que acecha el peligro”.
Meza también señaló la falta de coordinación entre instituciones encargadas de la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Criticó el uso de recursos destinados a su seguridad personal, sugiriendo que deberían invertirse en proteger a quienes realmente están en riesgo.
Además, solicitó que "todo el gasto en esa vigilancia se invierta en seguridad para proteger a personas defensoras y periodistas".
Llevan a medio de comunicación a instancias legales
En Honduras, la libertad de prensa también se ve coartada por las mismas autoridades, quienes exigen revelar fuentes confidenciales, como si ejercer el periodismo fuera un crimen.
No se trata de un relato del pasado ni de un caso aislado, ya que 12 medios hondureño fueron intimidados por el mismo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), Roosevelt Hernández, que querelló a 12 medios por sus publicaciones sobre la institución castrense.
En la lista está EL HERALDO, LA PRENSA, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7, empresas a las que se les exigió revelar las fuentes de información.
Incluso, este rotativo recibió amenazas de querella por parte del Sistema Nacional de Emergencias (SNE-911), luego de la publicación de varios reportajes de investigación sobre la adquisición de cámaras de vigilancia. Las investigaciones exponían la opacidad y la poca transparencia que reinaba en el proceso de adquisición de las cámaras y accesorios.
“El SNE-911 ha determinado realizar una querella criminal por publicidad constitutiva de injurias en contra de los comunicadores que redactaron dichas noticias, así como contra quienes aprobaron su publicación”, detalló el 911 mediante un comunicado.
Otro caso reciente fue contra Dagoberto Rodríguez, director de RCV, quien fue denunciado por injuria y calumnia tras exponer un sobregiro de más de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República.
El medio reveló que estos fondos fueron destinados para ser utilizados en elecciones primarias por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
En marzo, el Tribunal de Sentencia declaró inadmisible la querella, sin embargo, defensores de derechos humanos calificaron esta y otras acciones como un intento de intimidación.
Para Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), "estas acciones que está llevando a cabo el gobierno son actos sistemáticos contra la libertad de expresión. Las condenamos. Observamos cómo, desde el poder, se pretende limitar el derecho de la población a informarse. Nos preocupa enormemente”, declaró.
El presidente del Colegio de Periodistas sostuvo: "El periodismo cumple su función social de informar y fiscalizar la gestión pública”, aunque también mostró su preocupación por las acciones que toman algunos grupos o personas para censurar a periodistas y medios de comunicación.
Organizaciones como Artículo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Free Press Unlimited (FPU), PEN International, PEN Honduras y Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentaron un informe en el que exponen que "el Estado de Honduras presenta uno de los contextos más complejos e inestables en materia de derechos humanos en Latinoamérica".
El "Informe sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras, publicado en este 2025, describe que “el deterioro de las condiciones de la libertad de expresión y de prensa se exacerbó tras el derrocamiento del expresidente José Manuel Zelaya Rosales en 2009".
Al igual, expone que "tras el golpe de Estado, la polarización política se ha convertido en una característica rampante de los ataques contra los medios de comunicación y la libertad de expresión, y las violaciones de los derechos humanos han aumentado exponencialmente, provocando graves restricciones del derecho al ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
Además, revela que la polarización política persiste con elevados índices de impunidad que afectan la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, principalmente por la falta de seguimiento o investigación de las violencias de las que son sujetos en razón de su labor.
Asimismo, deja entrever que la existencia del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP) no garantiza las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo.
Esto se debe a que las falencias del SNP incentivan de manera directa e indirecta casos de agresión en contra de la prensa u otras manifestaciones críticas con el actual gobierno, entre las que se incluye la filtración de información sobre personas beneficiarias de medidas de protección, dice el documento.
La ausencia de garantías se agrava con la imposición del ampliado y en curso estado de excepción en Honduras, que encuentra su justificación en hacer frente a la inseguridad, específicamente con la amenaza de las pandillas. El documento detalla que el Estado de Excepción adoptado en diciembre de 2022 se extendió hasta el 30 de enero de 2025, en al menos 17 ocasiones en 226 de 298 municipios.
Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, hasta 2024 “había un total de 600 quejas en contra de elementos de seguridad por su uso ilegítimo del poder público en el marco del estado de excepción”.
Pese a que en Honduras se ratificaron varios tratados internacionales que respaldan el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, las violaciones en contra de estos y otros derechos continúan incesantemente, tal y como dicta el informe de las organizaciones.
En el marco normativo internacional, Honduras ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 25 de agosto de 1997, la cual consagra el artículo 19.
El 5 de septiembre del mismo año, el Estado hondureño ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los artículos 72 y 73 de la Constitución de Honduras garantizan la libertad de expresar opiniones sin censura previa, en cualquier medio de difusión.
Además, el artículo 72 atribuye responsabilidades a quienes “ante la ley abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones”.
Estos artículos garantizan la libertad de expresión, pero solo en papel, debido a las constantes amenazas a los periodistas y medios de comunicación. Por eso, defender el periodismo es hoy una necesidad urgente, porque sin libertad de expresión, no hay democracia.
