El reciente anuncio de una querella criminal contra diario EL HERALDO por parte de Miroslava Cerpas, presidenta de la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), constituye un ataque directo y perturbador contra la libertad de expresión y contra la prensa independiente en Honduras. Esta acción judicial es justificada en reportajes basados en hechos comprobados sobre las opacas adquisiciones del proyecto “Seguridad al 100” de esa institución.
Esta conducta no solo exhibe el estado de vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo, sino que pone en evidencia la preocupante intolerancia del grupo gobernante frente a la verdad.
El SNE-911, una institución adscrita a la Secretaría de la Presidencia, ha acusado a este rotativo de “publicidad constitutiva de injurias”, alegando daños a las empresas proveedoras, sin embargo, los hechos no mienten. Los reportajes de EL HERALDO revelaron la falta de transparencia en un proyecto que alcanza un monto de 430 millones de lempiras, incluyendo la adquisición de unos brazos metálicos a una empresa agropecuaria por la cantidad de 4.1 millones de lempiras. Dichas denuncias no son una opinión arbitraria, sino el resultado de una investigación periodística que expuso irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas, y los medios de comunicación son el canal por excelencia para fiscalizar al poder. Sin embargo, en lugar de corregir las fallas denunciadas, el SNE-911 optó por intimidar y perseguir a los periodistas responsables, violando principios consagrados en instrumentos internacionales como la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estaban exigiendo revelar la identidad de los comunicadores. Este atrevimiento no es solo un acto de intimidación, sino también una clara contravención del derecho a la reserva de fuentes.
Ese argumento de que las publicaciones afectan la reputación de las empresas involucradas es tan absurdo como peligroso. No es el periodismo quien daña la imagen de estas entidades, sino las irregularidades que las rodean. Si los contratos fueran transparentes y se adjudicaran conforme a la ley, no habría espacio para denuncias. Pero cuando una empresa agropecuaria se dedica a fabricar postes metálicos, el cuestionamiento no solo es válido, sino necesario.
Esta querella no es un caso aislado; forma parte de una preocupante tendencia de silenciar a los medios críticos en Honduras que se origina desde la cúpula presidencial y se promueve desde Planificación con el dinero de todos. Las palabras de Cerpas sobre “daños al prestigio comercial” no son más que un intento de desviar la atención de las verdaderas fallas en la gestión pública. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué buscan ocultar?
Honduras no puede permanecer indiferente ante este atentado contra la libertad de expresión. Es un deber de todos repudiar estas acciones que amenazan el derecho fundamental a la información y al ejercicio del periodismo. Silenciar a la prensa es el camino más corto hacia el autoritarismo, y Honduras no puede ni debe recorrerlo.
