Recaudación al aza
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Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Liana María Mayorga Castillo, acusada por fraude en la Tasa de Seguridad Poblacional, así como también por el delito de lavado de activos.
Mayorga Castillo será remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Atención Social (PNFAS), quedando su audiencia inicial programada para el próximo jueves 21 de agosto a las 9 de la mañana.
Liana Mayorga, gerente de la empresa Plasticards S.A, es imputada por el Ministerio Público por orquestar un fraude de más de 18.5 millones de lempiras mediante la compra de tarjetas de PVC para la emisión de tarjetas de conducir a través de la Secretaría de Seguridad.
Por esta misma causa es acusado el excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, quien a su vez era representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
De acuerdo a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), Mayorga y Molina defraudaron al Estado hondureño por un monto total de 18,547,200 lempiras.
La UF-ADPOL informó que en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó un contrato con Plasticards S.A para la emisión de 480,000 tarjetas, pese a que esta compañía solo tenía dos meses de haberse constituido legalmente. Además, la fiscalía señaló que solo se entregaron 258,000 tarjetas.
Las líneas de investigación apuntan que el 22 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad efectuó el pago de los más de 18.5 millones de lempiras a Plasticards S.A. Tres días después, Mayorga transfirió 17 millones a a la empresa MyM S. de R.L, de la cual es socio propietario Juan Molina Rodríguez.
La UF-ADPOL también resaltó que las tarjetas fueron suministradas por compañía Interamerican Service Unlimited Corp, con sede en Estados Unidos, pese a que en el contrato Plasticards S.A sería la responsable. Por su parte, la empresa de Molina Rodríguez se encargó de importar los productos solicitados.
De igual forma, la UF-ADPOL sostiene que los imputados utilizaron fachadas de empresas extranjeras, así como los sistemas financieros de Francia y Estados Unidos para lavar los millones que provenían del erario público.
Hasta este día, no se ha presentado a los juzgados Juan Ramón Molina Rodríguez.
