Llega a los tribunales Liana Mayorga, acusada de fraude de L 18 millones de la Tasa de Seguridad
El MP presentó un requerimiento fiscal en contra de Juan Ramón Molina Rodríguez y Liana María Mayorga Castillo, señalados de fraude en perjuicio del Estado
- 18 de agosto de 2025 a las 10:59
El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal en contra de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador de fideicomiso de la Tasa de Seguridad, y a su socia Liana María Mayorga Castillo, quien llegó este lunes 18 de agosto a los tribunales en materia de extorsión.
Según el comunicado del Ministerio Público, Mayorga y Rodríguez, cuyo paradero es desconocido, están vinculados a un caso de fraude millonario en la adquisición de tarjetas PVC para licencias de conducir.
La denuncia revela un esquema que involucró contratos irregulares, empresas fachada y operaciones financieras ilícitas.
Según el comunicado oficial, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) precisó que los imputados causaron un daño patrimonial al Estado superior a los 18.5 millones de lempiras.
La supuesta defraudación ocurrió a través de un contrato adjudicado en diciembre de 2021 a la empresa Plasticards S.A., creada apenas dos meses antes de obtener el beneficio.
La investigación detalla que, aunque se reportaron 480 mil tarjetas PVC, en realidad solo llegaron al país 258 mil unidades.
La Secretaría de Seguridad realizó un pago de 1.18 millones de lempiras a Plasticards, justo cinco días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno en enero de 2022. Tres días después, la gerente de la empresa, Liana Mayorga Castillo, transfirió 17 millones de lempiras a una firma vinculada a Juan Ramón Molina, según el reporte de las autoridades.
Lo que llama la atención es que, a pesar de que la adjudicación fue a Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por una compañía estadounidense, Interamerican Service Unlimited Corp., y posteriormente importadas por Inversiones MyM S. de R.L., empresa en la que Molina Rodríguez tiene participación.
El Ministerio Público señala que los implicados utilizaron fachadas de empresas internacionales y sistemas financieros en Estados Unidos y Francia para triangular y lavar fondos públicos.
En ese sentido, la Fiscalía aseguró siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles vinculadas a los acusados.