Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial en la causa instruida para el diputado del Congreso Nacional (CN), Nelson Márquez y seis imputados más, se enfocó este día en la presentación de los medios de prueba que se pretenden evacuar en esta etapa procesal.
Además, las defensas legales de los siete imputados presentaron excepciones y nulidades sobre las actuaciones del Ministerio Público (MP), en torno a la acción penal que está siendo promovida por el ente acusador del Estado.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial (PJ), explicó que esas excepciones y nulidades son: por falta de acción, por extinción de la causa y por cosa juzgada, ya que según los apoderados legales no debió promoverse la acción penal en contra de sus representados.
Además, los defensores de Márquez y compañía, presentaron incidentes de reglas de prescripción de los hechos, argumentando que ya habían pasado más de diez años después de que se presentó el requerimiento fiscal.
Los otros implicados que están habidos en el proceso, es decir, que están presentes en las audiencias, son: Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, Irissabel Lucía Miranda Hernández, Caronte Rojas Zavala y Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
Excpeciones
Alina Aguilera, apoderada legal del juez Raymundo Gradiz, al término de la audiencia inicial, explicó: "nosotros presentamos dos excepciones por falta de acción, basadas en el hecho que a mi representado, por su condición de juez, se le debería de seguir un proceso de antejuicio".
El MP solicitó el proceso de antejuicio contra Gradiz Vilorio, pero, según su abogada, pero en primera instancia la Corte de Apelaciones, por unanimidad de votos, declaró sin lugar la solicitud del ente acusador.
"La idea del antejuicio es hacer una revisión de los actos procedimentales de un juzgador. Esto era en materia civil, no tenía porque conocerlo la Sala Penal, que la revisión del proceder del juzgador tenía que ser en la Sala Civil, pero no se respetó esa condición", reclamó Aguilera.
Por otra parte, Jair López, representante legal del señor Caronte Rojas, también presentó otra de la excepciones en este proceso legal que, hasta el momento, se le sigue a siete de los 11 involucrados en el presunto desfalco al Estado de Honduras.
El juez que conoce la causa programó la continuación de la audiencia inicial para el próximo jueves, momento en que la representación del Ministerio Público (MP) hará las objeciones a los medios de prueba, a las excepciones y nulidades expuestas por las defensas.
El requerimiento fiscal detalla que los ahora imputados se coludieron para saquear al Estado por más de tres mil millones de lempiras (3,084,223,255.38), durante más de dos décadas, después del paso del huracán Mitch, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Una involucrada más
Se conoció que el escrito de presentación voluntaria introducido por el apoderado legal de la exprocuradora general de la República, Lidia Estela Cardona Padilla, fue aceptado por el juez que lleva la causa.
La señora Lidia Cardona es parte del expediente investigativo del MP, a quien involucra como parte material del presunto fraude al Estado. "En el caso de Lidia Cardona, esta había sido la petición realizada por la Fiscalía, que ella fuera citada. Atendiendo esa solicitud, el juez la admitió".
A razón de esas determinaciones, la audiencia de declaración de imputado para ella será el próximo viernes 15 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en la Sala VI del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde el togado le informará sobre los cargos de fraude que le imputa el Ministerio Público.
