Tegucigalpa, Honduras.- La medida de arresto domiciliario le otorgó el juez natural que conoce la causa a otra de las personas implicadas en el supuesto saqueo millonario del Estado de Honduras; expediente en el que se incluye a 10 personas más.
Se trata de la exjueza de letras de los Juzgados de lo Civil del Poder Judicial (PJ), ahora jueza de Violencia Doméstica, Irissabel Lucía Miranda Hernández, a quien el Ministerio Público (MP) la acusa del delito de prevaricato judicial.
Con antelación, la defensa legal de la togada presentó un escrito el viernes 1 de agosto, para que su defendida compareciera de forma voluntaria en la audiencia de declaración de imputado en los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, y así sucedió.
Después de varias horas de audiencia y de la formalización y notificación de los cargos imputados por el ente acusador del Estado, el juez determinó dictar el arresto domiciliario, a razón de que de su homóloga y funcionaria judicial, decidió cooperar con la justicia y hacer más expedito el proceso con su presentación voluntaria.
La acusación
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, detalló que en el requerimiento fiscal se establece que ella como juez revisó el expediente que no había sido homologado en su momento por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ese actuar, presuntamente doloso, admitió una demanda de la empresa Nacional de Ingenieros S.A (Nainsa), sabiendo que existía una denegatoria por parte de otro ente jurisdiccional.
Se indicó además, que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la suspensión de la demanda y no hubo contestación de agravios de la empresa, lo que denotó un contubernio entre la compañía Nainsa, la empresa estadounidense DRC Inc., y la PGR.
El requerimiento detalla también que la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y Nainsa, suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual se acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
No obstante, se incumplió con lo pactado, a pesar de que en los años 2020 y 2021 ya se habían asignado partidas presupuestarias para saldar la deuda. Este incumplimiento dio lugar a una nueva demanda de ejecución forzosa por una suma millonaria, la cual fue admitida nuevamente por la jueza Irissabel Miranda.
En el proceso están habidos las ciudadanos: el actual diputado del Congreso Nacional (CN), Nelson Javier Márquez Euceda, Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas, Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (Nainsa), Caronte Rojas Zavala, en su momento, integrante del Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial, el juez Raymundo Esaú Gradiz Vilorio e Irissabel Miranda.
Todos los anteriores se presentarán a la audiencia inicial, programada para mañana martes 5 de agosto, a las 2:00 de la tarde, en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
"El resto pende sobre ellos orden de captura", aseguró Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
Están en calidad de prófugos de la justicia, los ciudadanos: Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora general del gobierno, Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc.
En el caso de la señora Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República, el Ministerio Público pidió que se le citara en ves de ser detenida, debido a su avanzada edad.
Esta supuesta red de corrupción se habría coludido para saquear el erario por más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38), durante más de dos décadas, afirmó el MP.
