Tegucigalpa, Honduras.- A guardar prisión por el término que establece la ley para inquirir, enviaron a cinco de los 11 involucrados en un presunto desfalco millonario al Estado de Honduras, por determinación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roy Pineda, quien funge como juez natural en esta causa.
Se trata del actual diputado del Congreso Nacional (CN), Nelson Javier Márquez Euceda, Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio; todos ellos acusados del delito de fraude, sumado el dolo de prevaricato judicial para Gradiz Vilorio.
En el caso de Rafael Eduardo Chávez Aguilar, sindicado de falsificación de documentos públicos, le concedieron medidas cautelares distintas a la prisión, razón de la avanzada edad el encausado.
La audiencia de declaración de imputado para los seis involucrados inició a las 2:30 de la tarde y finalizó a las 5:45 de la tarde, en su etapa de formalización de la acusación, en la que se les dio a conocer a los acusados sobre los cargos que les imputa el Ministerio Público (MP).
Tres horas más tarde, el alto juez les notificó sobre el veredicto adoptado, ratificando la petición del ente acusador del Estado, el que pidió se les decretara la detención judicial a cinco de los seis, exceptuando al ciudadano Rafael Chávez.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial (PJ), detalló que "las defensas (de los señalados) han presentado el arraigo correspondiente en beneficio de sus representados, entre ellos se han rendido algunas cauciones (fianzas) para que se pongan en favor del Estado".
Los apoderados legales ofrecieron al tribunal garantías económicas que van desde los siete millones de lempiras, hasta los 19 millones de lempiras, para que se pongan a favor del Estado de Honduras y que sus poderdantes se defendieran en libertad, pero no fue suficiente para cambiar la decisión del juez.
Se violentó el debido proceso
Para Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), en el Congreso Nacional (CN), "esta es una captura ilegal contra nuestro subjefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso, no es más que una extorsión judicial, es una extorsión por parte del gobierno con contra la oposición política".
Sobre la detención de su correligionario, Zambrano argumentó: "¿Por qué decimos que la detención es ilegal? Porque la Corte Suprema de Justicia y sobre todo los que coordinan de Libre en este poder del Estado, están violentando las normas y el Código Procesal Penal".
El parlamentario citó a que el Código Procesal Penal establece en los artículos 414 y 415, que el procedimiento de acusaciones cuando se presenta un requerimiento contra altos funcionarios, es un un proceso especial y que éste no se respetó.
"Esta Corte está violentando el debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa y el mismo procedimiento de nombramiento de un juez natural. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se presenta un requerimiento? La presidenta de la Corte tiene que convocar a un pleno y el pleno tiene que nombrar al juez natural", criticó Tomás Zambrano, antes de terminada la audiencia.
El parlamentario alegó que en esta causa ya se había personado ante el Ministerio Público la defensa legal de Nelson Márquez, que eso ya daba muestras de someterse a la investigación que se estaba realizando y que no era necesario exhibirlo al ejecutar su captura.
Sustento de la acusación
El requerimiento fiscal del Ministerio Público señala que esta fue una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces, que según las investigaciones, se coludieron para saquear al Estado por la suma de tres mil millones, ochenta y cuatro mil, doscientos cincuenta y cinco lempiras (3,084,223,255), durante más de dos décadas.
Según el ente acusador del Estado, propiciaron el fraude utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral que no tenía un valor legal en el estamento jurídico nacional.
El caso se origina en el año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de la cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras.
Esta a su vez subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A (Nainsa). En el año 2001 el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas compañías promovieron demandas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la CSJ.
DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con Nainsa, sin que esta última hubiese tenido relación contractual alguna con el Estado. El objetivo era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas.
En el convenio, ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre sí, bajo ninguna circunstancia, evidenciando que su actuación era coordinada y simulada, con la única finalidad de defraudar al Estado hondureño, según el MP.
En las investigaciones, el MP detalla que para lograr su cometido, esta red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y el uso de un reglamento no publicado en el diario oficial La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable, presidido por uno de los imputados, que terminó condenando al Estado a pagar sumas millonarias.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, el diputado Nelson Márquez desempañaba como titular de Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y remitió a la Procuraduría General (PGR) un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo Ejecutivo para evitar una erogación mayor, aun sabiendo que el laudo carecía de validez legal, agrega el MP.
Un mes después, Sedecoas y Nainsa suscribieron el convenio extrajudicial mediante el que se acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Los otros involucrados que no están habidos en el proceso son: Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora de la PGR; Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora general del gobierno y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.
Además, la jueza Irissabel Lucia Miranda Hernández, sindicada de prevaricato judicial y Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documentos falsos.
Al cierre de esta edición, alrededor de las 10:00 pm de este miércoles 30 de julio, las defensas legales de las cinco personas a las que se les dio detención judicial, interpusieron recursos de reposición sobre esa determinación y el juez se retiró para poder deliberar y tomar decisión en relación a los recursos interpuestos.
Asimismo, se esperaba conocer a qué centro penal serían enviados por los menos los seis días que manda la ley, antes de la audiencia inicial.
