Tegucigalpa, Honduras.- En audiencia de declaración de imputado, un juez dictó detención judicial este miércoles contra el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez y otros cinco implicados en el fraude de más de 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas contra el Estado.
En la misma audiencia, la defensa presentó un recurso que a las 10 de la noche todavía no era resuelto por el juez que conoce el caso.
Además de Nelson Márquez, también comparecieron ante la Corte: Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas-FHIS Reynaldo Esaú Gradys Vilorio, juez Juan Fernando Madrid Lezama, representante legal de la empresa NAINSA Caronte Rojas Zavala, exintegrante del Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la cárcel en la que permanecerán recluidos mientras se programa la próxima audiencia. De los seis imputados solo se le dictó medidas distintas a la cárcel a Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
Márquez es acusado por el delito de fraude. Según el documento del Ministerio Público (MP) se le acusa de integrar una red que defraudó al Estado por más de 3.084 millones de lempiras (unos 117,4 millones de dólares) mediante demandas ilegales, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal.
Entre los implicados por este delito de fraude tambie están Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora General de Gobierno; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc.
Por el delito de falsificación de documentos se le acusa a Irissabel Lucía Miranda Hernández, a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial.
Sobre el caso
En el año 2000, el Estado hondureño otorgó un contrato a la empresa DRC Inc., no autorizada para operar en el país, la cual subcontrató ilegalmente a NAINSA. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez legal, buscando obtener pagos millonarios del Estado mediante un acuerdo confidencial que fingía separación entre ellas.
A través de procesos arbitrales irregulares, incluyendo documentos falsos y un reglamento no oficial, lograron sentencias favorables.
En 2019, NAINSA presentó una nueva demanda basada en ese mismo laudo nulo, que fue admitida por la jueza Irissabel Miranda.
Un año después, en 2020, Nelson Márquez, entonces secretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), recomendó un acuerdo extrajudicial con NAINSA, pese a conocer la ilegalidad del laudo. Aunque se aprobaron fondos para pagar, no se cumplió lo pactado y se generó otra demanda, nuevamente admitida.
La investigación señala que los implicados se beneficiaron directamente de los fondos públicos mediante depósitos a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a terceros.
Además, se detectaron ausencias injustificadas en audiencias clave y participación de jueces y funcionarios que conocían la nulidad del laudo, pero continuaron ordenando pagos al margen de la ley.
