Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Nelson Márquez compareció este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia inicial en el proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de fraude contra el Estado de Honduras.
El legislador, quien guarda arresto domiciliario desde el pasado martes, afirmó a su llegada que confía en que se hará justicia y que podrá demostrar su inocencia.
A la audiencia también se presentarán Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA); el juez Reynaldo Esaú Gradiz Vilorio; Caronte Rojas Zavala, exrepresentante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ante el Tribunal Arbitral; Eva María Vásquez Villanueva e Irissabel Lucía Miranda Hernández.
“Estamos listos para presentar todas las pruebas que demuestran que actuamos correctamente. Mi participación fue únicamente como ejecutor de una orden que ya había emitido un juzgado competente, siempre dentro del marco de la legalidad y cuidando los intereses del pueblo hondureño”, declaró Márquez antes de ingresar a la CSJ.
El parlamentario rechazó las acusaciones que lo vinculan a un manejo indebido de fondos y aseguró que los montos señalados en el proceso no corresponden a pagos realizados bajo su gestión.
En relación con la cifra de 3,000 millones de lempiras mencionada en el caso, Márquez sostuvo que la mayor parte corresponde a una demanda del 2022, cuando ya no formaba parte de la institución involucrada.
“Confiamos plenamente en Dios y en que se aclarará la situación. No hemos fallado ni al pueblo hondureño ni a nuestro Dios”, expresó.
El juez natural programó para este día la continuación del proceso, donde la defensa presentará sus argumentos para sustentar la presunción de inocencia del legislador.
El caso
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, en el año 2000 el Estado hondureño otorgó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no contaba con autorización para operar en el país. Pese a ello, la compañía subcontrató de manera ilegal a la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).
Años después, ambas presentaron demandas fraudulentas utilizando como sustento un laudo arbitral declarado nulo, fingiendo actuar por separado y buscando el pago de sumas millonarias del Estado mediante un acuerdo confidencial.
Las pesquisas detallan que, a través de procesos arbitrales irregulares, documentos falsificados y la aplicación de un reglamento no oficial, las empresas obtuvieron sentencias favorables. En 2019, NAINSA presentó nuevamente una demanda sustentada en ese mismo laudo sin validez, la cual fue admitida por la jueza Irissabel Miranda.
Un año más tarde, en 2020, Nelson Márquez, en ese entonces secretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), recomendó suscribir un acuerdo extrajudicial con NAINSA, pese a conocer la ilegalidad del laudo.
Aunque se aprobaron fondos para efectuar el pago, el compromiso no se cumplió y se originó otra demanda, también admitida por los tribunales.
La investigación también revela que los implicados se habrían beneficiado de forma directa con fondos públicos, a través de depósitos en cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a terceros.
Asimismo, se detectaron ausencias injustificadas en audiencias y la participación de jueces y funcionarios que, a pesar de conocer la nulidad del laudo, continuaron ordenando pagos.
