Tegucigalpa, Honduras.- Bajo la medida de arresto domiciliario se defenderá el diputado Nelson Márquez y seis imputados más, involucrados en un presunto latrocinio al Estado de Honduras, según consta en la acusación del Ministerio Público (MP).
Esta medida diferente a la prisión preventiva, fue otorgada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hace el papel de juez natural, a petición del fiscal que representa al MP, en este proceso judicial.
Los beneficiados con esta decisión son el parlamentario Nelson Javier Márquez Euceda, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, Rafael Eduardo Chávez Aguilar, Eva María Vásquez Villanueva y Irissabel Lucía Miranda Hernández.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial (PJ), argumentó que "sobre esta petición que ha realizado la Fiscalía tiene referencia con que desde la semana anterior se les dictó la medida de la detención judicial. Considera la representación fiscal que para los cinco imputados mediante el principio de objetividad, es idóneo que el juez de letras designado, a partir de este día les dicte la medida del arresto domiciliario".
Ya venían gozando de esa providencia, el receptor de los Juzgados de lo Civil de Tegucigalpa, Rafael Chávez, a razón de su avanzada edad, además, de la jueza de los Juzgados de Violencia Doméstica, Irissabel Miranda; ésta por ser la última en comparecer y justificando tener una licencia médica.
Suspenderlo del cargo
El ente acusador del Estado pidió también al juez, que suspendiera se su cargo de forma inmediata al congresista Nelson Márquez. Las defensas técnicas y legales de los otros encausados solicitaron medidas menos gravosas al arresto domiciliario, es decir, que se defiendan en plena libertad.
Estas serían las establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal: la prohibición de salir del país, quedar al cuidado y vigilancia de sus apoderados legales, firmar cada 15 días en los Juzgados de Letras de las ciudades o municipios en los que viven y rendir un informe por parte de sus equipos de defensa.
Los imputados, mediante sus defensores ofrecieron como caución o fianza para poder defenderse en libertad, varias garantía bancarias, varias hipotecas, gravámenes y bienes inmuebles, en el caso del diputado Márquez y de la señora Eva Vázquez.
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, los antes mencionados integraron una red de corrupción que se coludió para saquear de las arcas del Estado más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38), durante más de dos décadas, mediante un un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
