Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal de Luis Redondo presentará una recusación contra Anny Belinda Ochoa, jueza asignada para conocer el caso contra la extinta Comisión Permanente, tras considerar que su participación podría comprometer la "imparcialidad en el proceso penal que se sigue contra el exfuncionario".
El recurso será interpuesto por los abogados Manuel Antonio Díaz Galeas y Juan Fernando Molina Godoy, que solicitarán que la jueza que conocerá la causa sea separada del conocimiento, y que se designe a otro juez natural.
Según el escrito, la inconformidad de la defensa surge a raíz de una conferencia de prensa ofrecida por Ochoa el 23 de octubre, un día después de admitir el requerimiento fiscal contra Redondo, 12 diputados de la Comisión Permanente y el gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la jueza se refirió a las decisiones adoptadas respecto a las personas que no presentaron su carta de presentación voluntaria.
“De los peticionados por el Ministerio Público, en lo que derecho correspondía, se resolvió... a las personas que no se personaron, también se actuó con lo que el derecho ya establece, la normativa procesal penal, ante el inminente peligro de fuga”, expresó la togada, según la cita incorporada en el recurso.
Según apoderados legales del expresidente del Congreso Nacional, las declaraciones "constituyen una valoración extraprocesal que podría afectar la apariencia de objetividad e imparcialidad que debe prevalecer en la administración de justicia".
En el escrito, los representantes legales de Redondo argumentan que la jueza expresó fuera del procedimiento un criterio concreto sobre el riesgo procesal atribuido a los acusados, pese a que esa circunstancia deberá examinarse durante el desarrollo de la causa.
La recusación aclara que el cuestionamiento no se basa en una supuesta prohibición de que la juzgadora explique las actuaciones de su despacho, sino en que, al hacerlo, habría exteriorizado una valoración sobre un aspecto directamente relacionado con las decisiones judiciales adoptadas.
A criterio de la defensa, la referencia al supuesto peligro de fuga constituye un elemento que debe analizarse para determinar si se configura la causal prevista en el Código Procesal Penal.
Por ello, solicitarán que se valore si las declaraciones públicas de Ochoa comprometen la imparcialidad con la que debe conocer el proceso penal contra Redondo y los demás imputados.
La presentación de la recusación busca que se examine la continuidad de la jueza natural designada en el conocimiento de la causa, a partir de los argumentos expuestos por la defensa.
Investigación
El 15 de octubre, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra Luis Redondo y 12 diputados de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional por presuntamente integrar de forma ilegal ese órgano en 2025 y aprobar decisiones sin contar con un quorum legal.
La acusación penal señala a Luis Redondo por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
De acuerdo con la relación de hechos del requerimiento fiscal, en 2025 se produjo una inactividad significativa en el Congreso Nacional. donde se le atribuye a Redondo haber omitido convocar regularmente al pleno durante agosto, septiembre y octubre de ese año.
Otro de los puntos centrales del requerimiento fiscal es la sesión extraordinaria del 8 de enero de 2026, que Redondo convocó en su condición de presidente de la Comisión Permanente para conocer un informe jurídico relacionado con supuestos incumplimientos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La convocatoria también contemplaba someter a votación una orden para revisar y recontar 19,167 Juntas Receptoras de Votos.
La Fiscalía afirma que a la sesión asistieron 71 diputados propietarios y suplentes, sin embargo, sostiene que no se cumplió el quorum legal porque la integración de los suplentes no habría respetado las reglas que establecen que deben sustituir a propietarios de sus respectivas bancadas.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) también incluye a la exsecretaria del Poder Legislativo, Luz Angélica Smith, por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Además, por usurpación de funciones también incluye a Hugo Rolando Noé Pino, Carlos Raudales , Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez, Kritza Pérez , Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Por su parte, a Edys Moncada Eguigure le atribuye tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la publicación de las certificaciones electorales, las resoluciones aprobadas el 28 de octubre de 2025 y el decreto 58-2025.
