Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una opinión favorable sobre la adhesión de Honduras al Convenio sobre la Ciberdelincuencia y sus protocolos, internacionalmente conocido como Convenio de Budapest.
La decisión se produjo luego de que los magistrados conocieran una presentación realizada por la Sala de lo Penal, instancia que también incorporó una serie de observaciones adicionales al documento antes de su remisión al Congreso Nacional.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la opinión favorable fue aprobada por el pleno tras analizar el alcance del convenio y los aportes formulados durante la exposición.
“Luego de haber conocido la presentación de la Sala de lo Penal, se le hicieron también unos agregados que serán remitidos al Congreso Nacional”, indicó Silva.
Sobre el convenio
El Convenio de Budapest —impulsado por el Consejo de Europa y abierto a la firma en 2001— es el principal instrumento internacional para combatir los delitos informáticos y fortalecer la cooperación entre países frente a las amenazas digitales.
El tratado impulsa armonizar las legislaciones nacionales en materia de ciberdelincuencia para facilitar la investigación y sanción de delitos cometidos a través de sistemas informáticos y redes de comunicación.
Entre las conductas que aborda el convenio figura el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación ilegal de datos, el fraude informático, la falsificación digital, los ataques contra la integridad de los sistemas y los delitos relacionados con la explotación sexual infantil en línea.
Además, promueve mecanismos de cooperación internacional para agilizar el intercambio de información y la obtención de pruebas electrónicas, aspecto clave, ya que muchos ciberdelitos requieren acciones coordinadas entre distintas naciones.
Pese a los beneficios del acuerdo europeo, la opinión emitida por la CSJ se limita a emitir una valoración técnica y jurídica sobre la iniciativa, para los elementos de análisis de los futuros procesos legislativos.
Es decir, el poder legislativo deberá analizar el contenido del convenio, así como las observaciones formuladas por el Poder Judicial, antes de tomar una decisión definitiva.
