Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito fundamental de destrabar cientos de proyectos paralizados y garantizar la continuidad de la infraestructura pública en el territorio nacional, el pleno del Congreso Nacional aprobó un dictamen que autoriza 371 contratos de obras, supervisión, consultoría y auditoría ejecutados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
La importante cartera contractual aprobada asciende a un monto exacto de L 2,418,500,650.89, recursos que irán destinados directamente a la reactivación de proyectos sociales, viales y de agua potable que permanecían detenidos en distintas regiones del país desde la administración de gobierno anterior.
Debido a la importancia de las obras el titular del Poder Legislativo solicitó formalmente la dispensa de dos debates para agilizar la ratificación de las decisiones operativas de la estatal.
"Es urgente aprobar estos contratos para evitar que cientos de proyectos continúen paralizados y permitir que las obras de infraestructura puedan retomarse en las regiones del país", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La urgencia del trámite radicaba en que una parte sustancial de estos convenios correspondía a intervenciones diseñadas e iniciadas en el periodo de gobierno anterior pero que no habían sido firmadas ni remitidas a tiempo al Congreso, requisito legal indispensable al extenderse su ejecución al actual ciclo gubernamental.
La falta de la venia parlamentaria provocó la paralización prolongada de múltiples proyectos comunitarios, registrándose el mayor impacto en el sector educativo, donde diversas escuelas quedaron con los trabajos suspendidos y expuestas a un deterioro superior al que presentaban antes de las intervenciones.
El desglose del dictamen detalla que los contratos se dividen en cuatro categorías fundamentales: los contratos de inversión absorben la partida principal con L 2,175.9 millones; los contratos de supervisión representan L 183.4 millones; mientras que los contratos de servicios y auditorías suman L 59.3 millones para consultorías, alquileres e inspecciones técnicas.
Se han habilitado los recursos para beneficiar directamente a 238 empresas y consorcios adjudicatarios que ejecutarán las obras en 40 municipios del país.
Un renglón prioritario dentro del dictamen legislativo corresponde a la ejecución del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine), bajo el mandato de la Secretaría de Educación, enfocado en tareas de construcción, ampliación, reparación, reposición y modernización de inmuebles educativos.
Mediante esta cartera de proyectos se prevé la atención directa de más de 300 escuelas y colegios distribuidos a nivel nacional, entre los que destacan la Escuela de Agricultura Valle de Sula y la Escuela Nohemí Ferrera de García en Choloma, el Centro de Educación Media Gabino Vásquez Argueta en Santa Rita, y los centros John F. Kennedy No. 1 y Juan Lindo en San Pedro Sula.
Las intervenciones en infraestructura no se limitan a los centros de enseñanza, ya que la autorización abarca la construcción y mejora de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, obras de mitigación ambiental y la rehabilitación integral de tramos viales comunitarios.
Con esta ratificación se garantiza el desarrollo en los departamentos como Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.
Con esta resolución del Poder Legislativo, el Estado habilita legal y financieramente la continuidad de las obras, permitiendo que las empresas contratistas retomen la operatividad en los municipios beneficiados para la entrega gradual de los proyectos a las comunidades.
