Tegucigalpa, Honduras.- Jamie Raskin, congresista estadounidense por el Partido Demócrata, cuestionó la destitución de funcionarios hondureños mediante juicios políticos y el retornó de Juan Orlando Hernández al país tras ser indultado por el presidente Donald Trump.
Raskin, representante del octavo distrito de Maryland, informó en su cuenta de X que envió una carta a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en la cual expresa su preocupación por la remoción de altos funcionarios. La carta fue respaldada por los también legisladores demócratas Jim McGovern y Adelita Grijalva.
"Protestamos por las apresuradas e inexplicables destituciones de altos funcionarios de justicia y elecciones antes del regreso a Honduras del narcotraficante internacional Juan Orlando Hernández", escribió Raskin.
A su criterio, la destituciones de Johel Zelaya (exfiscal general de la República), Mario Morazán (exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral) y de Marlon Ochoa (exconsejero del Consejo Nacional Electoral) levantan "sospechas" ya que no transcurrió mucho tiempo entre estas y el regreso de Hernández a Honduras.
Cabe recordar que los juicios políticos se desarrollaron entre marzo y abril de este año y el exmandatario volvió a suelo hondureño el pasado 26 de julio.
"El repudiado perdón del presidente Trump a este peligroso criminal parece cada vez más sospechoso en el contexto de esta purga de jueces y funcionarios electorales hondureños", señaló.
Hernández fue indultado por Trump a inicios de diciembre de 2025, lo que le permitió recuperar su libertad tras ser condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.
El exmandatario (2014-2022) actualmente enfrenta en Honduras acusaciones por lavado de activos y fraude, según la investigación conocida como "Caso Pandora II". Su audiencia inicial fue programada para 12 de agosto.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Estado de Honduras a una audiencia pública iniciada el pasado 5 de agosto con la finalidad de examinar la independencia judicial en Honduras. Por parte del Gobierno hondureño y el parlamento, sostienen que se garantizaron los debidos procesos en el desarrollo de los juicios políticos.
