La propuesta de Honduras será punto de partida en el informe que en 90 días elaborará la comisión trinacional para establecer los derechos que tiene la nación junto a Nicaragua y El Salvador en el Golfo de Fonseca.
Así lo estableció el canciller de la República, Arturo Corrales, tras la firma de otra declaración conjunta sobre el tema del Golfo
la noche del martes en Managua, entre el presidente Porfirio Lobo y los mandatarios Daniel Ortega de Nicaragua y Mauricio Funes de El Salvador.
Honduras pide 7.9 millas náuticas de las aproximadamente 19 millas que mide la bocana del Golfo, para tener un espacio de 185 kilómetros en la línea costera, que representa el 51 por ciento de los 261 kilómetros que total tiene la zona.
De concretarse esta propuesta, El Salvador y Nicaragua tendrían que repartirse las millas restantes de la bocana.
Hay que destacar que esta propuesta de Honduras se basa en que del total de 261 kilómetros, Nicaragua solo tiene 47 kilómetros (30 por ciento) y El Salvador 29 (18 por ciento).
El gobierno hondureño exige el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de 1992, ante un evidente desconocimiento del fallo por parte de Nicaragua y El Salvador, que ha originado incluso incidentes entre fuerzas militares en el Golfo.
Este desconocimiento obligó a Honduras a recurrir, incluso, en dos ocasiones al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que interviniera y garantizar de esta manera el cumplimiento del fallo de 1992.
“Honduras hizo una propuesta que no fue aceptada, pero no fue rechazada y eso es muy importante en una negociación, o sea que es el punto de partida, el punto fundamental de lo que en 90 días vamos a informar con respecto al estado de ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992”, dijo Corrales. Los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador establecieron que una comisión trinacional, conformada por las cancillerías de las tres naciones, defina en los próximos 90 días el “estado de cumplimiento de la ejecución de la sentencia” de La Haya de 1992.
Diferentes analistas y expertos en temas de derecho internacional reaccionaron escépticos sobre los acuerdos establecidos entre los gobernantes, pues desde el fallo de 1992 se han suscrito varias declaraciones y se han integrado comisiones para abordar el tema, sin lograrse resultado alguno.
El analista en temas de derecho internacional, Graco Pérez, consideró que el acuerdo establecido entre los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador no garantiza el fiel cumplimiento de la sentencia de la CIJ de 1992, pues no es el primer intento que se realiza para fijar una solución definitiva en el Golfo. “Yo considero que se trata de una declaración más a la que ya estamos acostumbrados de parte de los presidentes, yo creo que eso no va a marcar una diferencia en la situación del Golfo de Fonseca y las posiciones que han mantenido Nicaragua y El Salvador después del fallo de la Corte Internacional de Justicia”, dijo.
Pérez es del criterio que el presidente Porfirio Lobo debió haber iniciado gestiones para establecer los límites de cada país en el Golfo de Fonseca desde el 27 de enero de 2010 y no a un año de finalizar su período en la Presidencia de la República.
Informe
Corrales aseguró que en 90 días estará listo un informe que satisfará a los presidentes de los países que comparten territorio en el Golfo de Fonseca, el cual, dijo, debe manejarse bajo el esquema de una cosobernía, es decir, los tres países de manera conjunta.
“Como la propuesta de Honduras no fue rechazada sino que se dijo van a negociar, nosotros creemos que ese es el punto en donde con esa actitud de Nicaragua y El Salvador ya va a haber un resultado palpable de la solución; aspiro como hondureño y centroamericano a que tengamos cosoberanía porque es la mejor forma de manejarlo”.
Según la declaración de los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador, la comisión trinacional deberá revisar el estado de cumplimiento de la ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992 y la actualización e implementación del protocolo de actuación de las fuerzas navales en el Golfo de Fonseca para garantizar la tranquilidad y la paz en dicha zona. Asimismo, deberá acelerar la ejecución de la estrategia de desarrollo integral del Golfo de Fonseca, presentando un portafolio de proyectos en las áreas de desarrollo económico, sostenible, medio ambiente y seguridad, con miras a la movilización de los recursos necesarios para la implementación de estos.
Dicha comisión trinacional será presidida por las cancillerías de los respectivos países, quienes conjuntamente definirán la conformación de los grupos de trabajo y presentarán a los presidentes un primer informe en 90 días. La declaración establece que “todos los temas relativos al Golfo de Fonseca serán abordados por la comisión trinacional que se ha sido creada”, por lo que se deja por un lado la petición que Honduras hizo al Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir en el cumplimiento del fallo de la CIJ.
Actitud
En la reunión entre los presidentes Lobo, Ortega y Funes se dejó claro que las acciones en el Golfo de Fonseca no pueden ser bélicas y los tres coincidieron que, en cambio, se debe promover que la zona sea un polo de desarrollo para las tres naciones. Incluso, uno de los puntos de la declaración conjunta establece que los países deberán encontrar la manera de identificar mecanismos de desarrollo relacionados con la explotación de recursos.
Fallo
La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en 1992 sobre la disputa de 446,5 kilómetros de territorio fronterizo entre Honduras y El Salvador y espacios marítimos en el Golfo de Fonseca.En tierra firme se le concedieron 311 kilómetros cuadrados a Honduras y 134.9 kilómetros cuadrados a El Salvador
Asimismo, se establecieron porciones de mar para los tres países ribereños del golfo al asignarles tres millas náuticas, a partir de la línea costera, a cada uno.
El fallo concedió a Honduras las islas de El Tigre y Conejo, entre otras, y a El Salvador se le dieron Meanguera y Meanguerita.
En la sentencia se estableció que el área de la bocana y el uso de la zona de mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental se tenían que resolver mediante una negociación. El Salvador solicitó en 2002 una reconsideración de la resolución, pero el máximo tribunal del mundo ratificó su decisión. Durante los 20 años que tiene de haberse emitido la sentencia, El Salvador ha rehusado a aplicar el punto que se refiere a negociar la administración de la zona conjunta.
