Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Energía del Congreso Nacional mantendrá una intensa jornada de socialización en torno a las reformas a la ley de energía, que busca rescatar de la crisis financiera a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A lo interno del Poder Legislativo se mantienen posturas encontradas; por un lado, se reconoce la urgencia de recuperar la estatal eléctrica y se respaldan las modificaciones, mientras que, por otro, se advierte de forma tajante que bajo ningún esquema se debe permitir la privatización de los servicios públicos, exigiendo un debate amplio que impida afectar la economía de las familias luchadoras, quienes históricamente cargan con el costo del sistema.
Las bancadas legislativas coinciden en que la ruta para salvar a la estatal no puede repetir los errores del pasado que terminaron perjudicando al consumidor final.
En ese sentido, se remarcó que cualquier propuesta definitiva debe priorizar la transparencia en la distribución y el cobro justo, garantizando que cada ciudadano pague exactamente lo que consume y evitando subsidios mal focalizados que terminan beneficiando a sectores de altos ingresos económicos en zonas exclusivas del país.
Los parlamentarios condicionaron el respaldo a la nueva normativa a un proceso de consulta abierta que demuestre beneficios tangibles para el pueblo hondureño.
"Cero intenciones de privatizar la ENEE debería de ser la primicia en este tema. La energía es un derecho humano y también es un derecho que tiene la Nación de Seguridad Nacional. No se puede ceder la seguridad nacional que un generador quiera cortarle la luz a todo el pueblo hondureño porque no hayan pagado a tiempo", manifestó Yury Sabas, diputado del Partido Liberal.
El congresista fue enfático al rechazar medidas impositivas como los contadores prepago y advirtió que no apoyará un esquema similar al que operó en el pasado en el país.
La urgencia del debate radica en el impacto macroeconómico que genera el déficit de la empresa estatal, cuyas pérdidas ascienden a unos 17,000 millones de lempiras anuales, lo que representa una sangría mensual de 1,300 millones de lempiras que el Estado debe destinar para subsidiarla.
Los legisladores señalaron que estos fondos presupuestarios que absorbe la crisis energética limitan la inversión pública en sectores vitales, puesto que esa cantidad de recursos económicos equivale al costo de construcción de un hospital para el sistema sanitario nacional.
Desde la perspectiva parlamentaria, el verdadero reto del rescate institucional no se encuentra en la transmisión de la electricidad, área que se mantiene totalmente en manos del Estado, sino en el eslabón de la distribución.
"Lo que sí necesitamos es mejorar la recuperación, porque 38% se está perdiendo, o sea, de cada 1,000 lempiras perdemos 380 y eso va a quebrarla. La ENEE está dividida en cuatro o cinco funciones; la producción el 70% ya está en manos de privados y el 30% nacional, el traslado de la energía está 100% en manos del Estado y ha sido rentable, no es ahí que pierde el gobierno, es en la distribución", pormenorizó Sabas.
El diputado detalló que las fugas de capital ocurren en el cableado que baja a las viviendas, las fallas en el sistema de cobro, el robo de energía mediante conexiones ilegales de múltiples viviendas a un solo contador y la evasión por parte de grandes consumidores que evitan cumplir con sus obligaciones puntuales.
La Comisión de Energía del Congreso extendió el compromiso de escuchar a los distintos sectores sociales, económicos y técnicos antes de someter el dictamen a su discusión formal en el pleno de los 128 diputados.
Las reformas buscarán estructurar un plan de inversión agresivo enfocado de manera directa en la red de distribución y en la modernización de los contadores, con el fin de frenar el hurto y asegurar que la población de menores recursos no siga asumiendo de manera injusta las pérdidas que otros provocan en el territorio nacional.
