Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó un decreto legislativo que otorga un beneficio transitorio de exoneración de multas, sanciones y responsabilidades legales a los excandidatos a alcaldes y diputados que participaron en las elecciones primarias y generales del año 2025.
El beneficio abarca a todos aquellos líderes políticos que violaron las disposiciones financieras al no acreditar una cuenta bancaria oficial o por omitir la entrega en tiempo y forma de sus informes financieros de liquidación de fondos ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
La medida busca resolver la mora en la rendición de cuentas que arrastra el órgano fiscalizador, otorgando una ventana de alivio para que los políticos morosos regularicen su estatus contable sin enfrentar el peso de las sanciones pecuniarias vigentes.
El decreto establece que el perdón de las multas estará condicionado de manera estricta a que los sujetos obligados procedan a presentar el desglose certificado de sus balances financieros en un plazo perentorio e improrrogable de dos meses calendario, contados a partir de la publicación de la norma en el diario oficial.
"Es una medida transitoria, recordemos que el pueblo hondureño tiene derecho a saber en qué se invierte el dinero en campaña y sobre todo de dónde provienen los ingresos", expresó Alberto Cruz, diputado proyectista.
El texto aprobado detalla en su primer artículo que los informes requeridos para gozar de la exoneración deben contener de forma obligatoria el Balance General y el Estado de Resultados debidamente certificados y auditados.
Los excandidatos deberán justificar con documentación de soporte los ingresos y egresos de sus campañas, detallando con absoluta precisión el origen y el destino de cada lempira administrado durante las actividades proselitistas del pasado proceso electoral de 2025.
La normativa advierte que aquellos exaspirantes municipales y legislativos que dejen vencer el nuevo plazo de dos meses sin acudir a la Unidad de Política Limpia quedarán automáticamente fuera del beneficio.
Para estos ciudadanos, la autoridad electoral procederá a reactivar los expedientes de infracción y a aplicar las multas administrativas completas estipuladas en la ley original, manteniendo la obligatoriedad de entregar la documentación financiera de manera forzosa."Es exoneración transitoria más que todo es por el proceso interno, aquellos que no presentaron en tiempo ahora tienen la oportunidad de volverlo a hacer si no lo hacen van a tener una multa por parte de la Procuraduría General de la República", argumentó Cruz.
El segundo componente de la ley contempla una amnistía administrativa que impacta directamente en las ejecutorias de cobro que ya se encontraban en manos del Estado hondureño.
La disposición ordena el archivo inmediato y la cancelación definitiva de todas las acciones de cobro judicial o extrajudicial que la Unidad de Política Limpia hubiese remitido a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los exaspirantes a alcaldías y diputaciones de la contienda de 2025. Para dar cumplimiento a este mandato, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles para enviar a la PGR el listado oficial y detallado de los políticos que se acojan a la exoneración.
Con esta notificación, el ombudsman del Estado procederá al desistimiento formal de las demandas legales entabladas, liberando de responsabilidad civil tanto a los sujetos obligados como a la administración pública."Esto es transitorio, no se están exonerando de manera definitiva, es exonerarse para presentar sus informes de lo contrario, sí podrán ser multados y procesados", puntualizó el parlamentario.
La justificación planteada en el Parlamento para beneficiar a los infractores gira en torno a las limitaciones técnicas y de asesoría legal que enfrentan los líderes comunales de las zonas rurales del interior de la República.
Muchos de los ciudadanos que integraron las planillas en las elecciones internas pertenecen a sectores vulnerables y carecen de conocimientos contables básicos, lo que provocó omisiones involuntarias que derivaron en multas severas que en algunos casos alcanzan los 90,000 lempiras por candidato. Según los promotores del decreto, estas cuantiosas sanciones económicas resultaban desproporcionadas para personas del área rural que ni siquiera realizaron inversiones significativas de capital en sus campañas locales.
Al flexibilizar temporalmente el castigo pecuniario, el Congreso espera incentivar la entrega masiva de los balances pendientes para elevar los niveles de transparencia global de los comicios y conocer las fuentes de financiamiento del espectro político. Si un sujeto obligado logra el archivo de su expediente ante la PGR pero vuelve a incumplir con la entrega de los balances auditados dentro de los dos meses fijados por la ley, la sanción financiera original se restablecerá de forma íntegra e inmediata.
