Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que aún existen acciones pendientes para poner en marcha algunos de los compromisos establecidos en la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030, aprobada por el gobierno de Honduras.
El pronunciamiento surge luego de que el presidente Nasry Asfura anunciara que enviará al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley anticorrupción, con el que, según explicó, se busca garantizar la independencia de los poderes del Estado y de las instituciones encargadas de ejercer labores de control.
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la ASJ, consideró que antes de impulsar nuevas reformas también debe avanzarse en la implementación de los compromisos que ya fueron establecidos en la estrategia nacional.
La política anticorrupción fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026 y establece una hoja de ruta para el período 2026-2030. Entre sus componentes contempla el fortalecimiento institucional, reformas legales, mecanismos de coordinación entre instituciones y cooperación internacional.
¿Qué establece la estrategia anticorrupción?
La estrategia no se limita a la aprobación de una nueva legislación. El documento contempla medidas orientadas a fortalecer la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de la transparencia y el control del Estado.
Uno de sus principales componentes es la creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), figura que el decreto establece como eje institucional de la estrategia y que estará adscrita a la Presidencia de la República. Entre sus funciones se contempla la coordinación estratégica y la interlocución nacional e internacional en materia anticorrupción.
El decreto también establece el Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA) y contempla un Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI) para respaldar la implementación de la estrategia.
Además, el documento plantea acciones relacionadas con reformas al marco legal, fortalecimiento de las instituciones de control, transparencia, contrataciones públicas, integridad y cooperación internacional.
ASJ señala compromisos pendientes
Aguilar señaló que uno de los aspectos que aún está pendiente es el nombramiento del Comisionado Presidencial para la Transparencia, cargo creado mediante el decreto que aprobó la estrategia.
El representante de ASJ también consideró necesario avanzar en la articulación entre las instituciones encargadas del control y en mecanismos de cooperación con organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, para respaldar la ejecución de las medidas contempladas en la política anticorrupción.
En ese sentido, la organización considera que la implementación de la estrategia debe traducirse en acciones concretas y no quedarse únicamente en la aprobación de documentos o anuncios.
Gobierno anuncia nueva ley anticorrupción
El señalamiento de ASJ ocurre después del anuncio del presidente Asfura sobre el envío al Congreso Nacional de una nueva iniciativa de ley en materia anticorrupción.
Según el mandatario, la propuesta busca fortalecer la independencia de los poderes del Estado y de las instituciones responsables de las labores de control.
La iniciativa se sumaría a la estrategia nacional aprobada para el período 2026-2030, por lo que el debate ahora incluye tanto las nuevas reformas que plantea el Ejecutivo como el avance en la ejecución de las medidas que ya fueron establecidas.
Para la ASJ, uno de los principales retos será que las disposiciones contempladas en la estrategia se traduzcan en mecanismos institucionales y acciones verificables.
La estrategia oficial establece que el Comisionado Presidencial para la Transparencia tendrá un papel de coordinación y articulación, pero no sustituirá las funciones del Ministerio Público en la investigación y persecución penal de los delitos de corrupción ni las atribuciones de la Procuraduría General de la República.
Así, el debate sobre la agenda anticorrupción se centra actualmente en dos frentes: la implementación de la estrategia 2026-2030 y las nuevas reformas legales que el Gobierno pretende presentar ante el Congreso Nacional.
