TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Eliminar temporalmente la figura del Comprador Público Certificado, la ínfima efectividad de las fiscalías anticorrupción y bajo porcentaje de auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas son los indicadores que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) midió para exponer que el actual gobierno se estancó en avanzar en transparencia y combate a la corrupción.
Los abusos de Luis Redondo en el Congreso Nacional son de las principales fuentes que deja brechas abiertas a la corrupción, así también como la baja efectividad del TSC y la Fiscalía que no combaten estos flagelos.
La ASJ informó la mañana de este martes que Honduras “sigue ocupando últimos lugares en índices de democracia, Estado de derecho, transparencia legislativa y percepción de corrupción”.
En datos, pese a que fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, la ciudadanía tiene 796 días esperando la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
Entre las promesas incumplidas de Castros para menguar los flagelos de corrupción y ser más férreos en combatir este mal, la ASJ desveló que el Tribunal Superior de Cuentas solo el 2.7% de auditorías realizadas fueron remitidas al Ministerio Público (MP).
Sin embargo, pese al ínfimo porcentaje, la fiscalía por su lado sólo cumplió el 2023 con el 0.67% de efectividad.
Otros signos que demuestran el estancamiento y aval de la corrupción es que el “Congreso Nacional otorgó a los diputados subvenciones por más de L 222.8 millones, sin medidas que garanticen la transparencia y rendición de cuentas sobre su asignación o uso eficiente de los recursos que van más allá de las facultades del legislativo.
Dejando espacio para cuestionamientos sobre clientelismo político y la corrupción”.
La ASJ también enfocó que en los atropellos del Congreso Nacional del cuestionado Luis Redondo se “efectuaron los nombramientos irregulares del fiscal general y fiscal adjunto interinos, se interpretó a conveniencia el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se registró violencia política, denuncias por usurpación de funciones ante el Ministerio Público”.
Entre otras señales de alerta destaca que el Portal de Transparencia del IAIP estuvo suspendido por más de 60 días y aunque éste ya se encuentra habilitado, la información no está actualizada. Además, en el marco de decretos de emergencia se suspendió temporalmente la figura de compradores certificados del Estado, mientras la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de 0.67 %.
