La Dirección General de Transporte (DGT) debe ser auditada para que se conozcan las razones de la enorme mora en la resolución de trámites que tiene “congelados” y otras irregularidades.
La petición la formuló la Asociación de Abogados que realizan trámites en esa dependencia de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
Según este gremio, existen 20 mil expedientes engavetados desde hace mucho tiempo sin ser finiquitados.
“Solicitar a los entes contralores, llámese Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, realice una auditoría en la Dirección General de Transporte para verificar la mora, el funcionamiento del Sistema Automatizado de la Gestión de Transporte y otras irregularidades”, dice un comunicado del grupo de profesionales del derecho.
Mientras hay demora en miles de expedientes, la DGT resuelve otros casos con prontitud sin especificar porqué.
El 8 de mayo de 2012 este grupo de abogados solicitó la intervención del Colegio de Abogados de Honduras para que mediara ante la DGT debido al letargo en la resoluciones de diligencias, discriminación y otras anomalías que hay en esa entidad, pero el organismo hizo caso omiso a la petición.
Perjudicados
Ese pronunciamiento de la Asociación de Abogados surge luego que el titular de la DGT, Blas Ramos, sometiera a aprobación en Consejo de Ministros el martes de la semana pasada un proyecto de Manuel de Procedimiento para reducir la traumatología en para la emisión de permisos de explotación y certificados de operación del servicio de transporte.
Con este mecanismo el pago de tales permisos se haría mediante una tasa única de matrícula que se haría en instituciones bancarias.
Según los abogados, este procedimiento les quitaría la posibilidad de realizar trámites de inscripción y operación, actividades con la que muchos ganan sus sustentos.
“Únicamente pretende eliminar la gestión del profesional de derecho en la dirección de Transporte, limitando con ello el libre ejercicio de la profesión”, dice el comunicado.
Dicen los profesionales del derecho que ya existe el sistema Automatizado de la Gestión de Transporte, una herramienta que permite la renovación automática de los permisos de explotación y certificados de operación, por lo que el pago de la matrícula única es innecesario.
“Cualquier pago por permisos y certificados se puede hacer mediante el nuevo Reglamento de Emisión de Permisos de Explotación por medio del sistema actual”, remarca el documento.
Esta asociación hizo un llamado al Colegio de Abogados de Honduras para que interpusiera las acciones legales pertinentes y así evitar que se concretice este mecanismo con el que se busca “limitar y abolir el ejercicio profesional en esa dependencia gubernamental”.
A la Fiscalía de Derechos Humanos y contra la Corrupción se les solicitó que habilitaran una oficina para atender denunciar eventuales sobre la resolución de expedientes.
Los abogados solicitaron a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos protección en vista que siente temor de víctimas de represalias.
