Unos 18 mil candidatos a cargos de elección popular serán investigados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en coordinación con las instituciones que tienen como responsabilidad inhabilitar a quienes están morosos con el Estado, tienen cuentas pendientes con la justicia, son policías o militares activos.
Con ese propósito se reunieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con representantes de la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
También estuvieron las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP).
El magistrado Enrique Ortez Sequeira dijo que el TSE será muy estricto con la Ley Electoral y no pensará dos veces para inhabilitar a los políticos que tienen sentencia firme, a quienes son parientes cercanos de los altos funcionarios del gobierno o tienen reparos con la hacienda pública.
La Corte Suprema de Justicia remitirá al TSE un listado de los reos que ya fueron vencidos en juicio, dijo la magistrada Rosa de Lourdes Paz.
Recordó que solo los ciudadanos que han sido condenados no pueden aspirar a cargos de elección, sí lo pueden hacer los procesados.
El titular de la DEI, Mario Alberto López, dijo que la institución a su cargo inició un cruce de información para saber quiénes tienen reparos pendientes.
Ninguno de los funcionarios dio detalles sobre cuántos políticos pueden quedar fuera de las planillas de candidatos.
