Honduras

El 16 de agosto se reiniciará audiencia de red de diputados

Entre los señalados se encuentran un diputado y 4 excongresistas, además de dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cinco particulares
06.08.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por no tener una prueba documental que la defensa técnica del diputado Alberto Chedrani Castañeda solicitó al Ministerio Público para plantear su defensoría, fue cancelada la audiencia inicial en relación con la presunta red de diputados que habría desviado dinero del Fondo Departamental del Congreso Nacional.

“El Ministerio Público se niega a entregar una documentación que la defensa del señor Chedrani estima necesaria, vulnerándole de esa forma el derecho de defensa”, explicó Jaime Rodríguez, uno de los apoderados legales.

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Los involucrados en esta causa son: el actual diputado Alberto Chedrani, los excongresistas José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino. Además, nueve personas ligadas a dos Organizaciones No Gubernamentales. Se reprogramó para el próximo 16 de agosto de 2022.

Diputados acusados en libertad

El miércoles 27 de julio, un juez de letras designado dictó medidas distintas a la detención judicial a 12 imputados por el manejo de recursos dentro del Congreso Nacional.

Entre los señalados se encuentran un diputado y 4 excongresistas, además de dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cinco particulares.

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Entre las medidas aplicadas se encuentra la ordenanza de quedar al cuidado y vigilancias de sus equipos de defensa y la prohibición de salir del país, según explicó Carlos Silva, portavoz de la institución.

Silva detalló que los imputados por fraude y lavado de activos son Alberto Chedrani (actual diputado) y José Vicente León (exdiputado) y por el delito de fraude: Oswaldo Ramos Soto (exdiputado), Ricardo Díaz (exdiputado) y Rodimiro Mejía (exdiputado).

Además, Mirna Ham, José Casulá, Fabio Rodríguez, Nahúm Osorto y David Flores por el delito de encubrimiento y Ramón Núñez (contador de ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE)), y Marvin Sabillón (contador respectivamente de la ONG Impulso Solidario (OIMSO)) por falsificación de documentos públicos.

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